Cuando el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, afirma con rotundidad que Telemadrid no tiene futuro sin la aplicación de drásticas medidas con un expediente de regulación de empleo que deje el ente reducido a la mínima expresión, que es lo que le corresponde, está convirtiéndose en digno sucesor de la política aplicada por Esperanza Aguirre, consistente en hacer lo que hay que hacer sin reparar en posibles costes electorales y poniendo por encima los intereses ciudadanos.
Esta resolución en la acción de gobierno contrasta con las dudas -cuando no decisiones encontradas- en otras comunidades gobernadas desde el mismo signo político, lo cual lleva a preguntarse qué ocurre en el Partido Popular para que se encoja de hombros ante medidas de hondo calado, como si hubiese gobernantes que van por libre.
Citando el caso gallego, en concreto, la Xunta de Feijóo ha querido llevar desde el principio la bandera de la eficiencia administrativa y en su nombre ha realizado ajustes controvertidos, elogiables algunos y dudosos otros. No ha tenido reparo en tocar sectores tan sensibles como la educación, la sanidad pública o prestaciones en los servicios sociales. Sorprende por ello que se permita -y lo permite el partido- mantener intacta la estructura de la CRTVG, a la que se inyectan anualmente ingentes cantidades de dinero público como en un saco sin fondo, evidenciando el fracaso del modelo económico; del modelo de comunicación, con unos contenidos ahormados a imagen y semejanza del gobierno de turno a base de la descarada manipulación de la actualidad informativa, para mayor gloria del poder; y del modelo social, con una programación que obtiene paupérrimos resultados de audiencia comparados con el ingente coste que supone y que no aporta la más mínima utilidad para una Galicia que precisa modelos modernos de progreso y no la consolidación de clichés trasnochados.
Mantener esta televisión autonómica constituye un agravio para la sociedad gallega, obligada a cargar con un coste insostenible en los tiempos que corren, y más cuando su papel podría ser asumido con mayor calidad, efectividad y objetividad por los operadores privados a los que, para más inri, se le obliga a asumir una brutal competencia desleal por parte de una TVG cada vez más alejada de la realidad, de las necesidades sociales y, en cambio, más sometida al capricho y las necesidades políticas del que manda.
Madrid ha abierto el único camino posible.
