La democracia necesita partidos políticos y estos necesitan financiación para desarrollar su actividad. También necesitan fondos para propagar sus propuestas durante una campaña electoral, pero los compañeros de El Mundo publicaron ayer una noticia que haría saltar las costuras del sistema si nos tomásemos la cosa pública con el respeto que merece. Resulta que el ICO, el agente financiero del Estado, ha acudido por primera vez al rescate de los partidos para financiar esta sucesión de campañas electorales porque la banca les ha cerrado el grifo ante las dudas de que puedan recuperar los préstamos algún día.
La perversión es indisimulable, el escándalo mayúsculo, pero los líderes de las principales formaciones prefieren esconder un tema que mancha en vez de comprometerse a revisar de una vez el modelo de financiación. Resulta curioso que pretendas gestionar las cuentas de los demás cuando no eres capaz de cuadrar las de tu formación. Aunque un empresario lleve años generando empleo y cumpliendo con las obligaciones fiscales, en un momento de tensión financiera se encuentra con zancadillas para refinanciar la deuda y evitar el concurso de acreedores. En cambio el ICO ha corrido para taponar la herida contable de los partidos políticos con celeridad. Casi casi igual que lo que ocurre con la muchas veces asfixiada empresa privada. Asegura la entidad estatal en la información que “se hace de forma complementaria y en las mismas condiciones que las entidades financieras”. Se puede deducir, en este caso con menos riesgo que los préstamos referidos, que en el supuesto de no cumplir las expectativas electorales y conseguir menos subvenciones, según lo que estipula la ley por representación, acabaremos pagando la deuda entre todos. También dicen fuentes del ICO que los préstamos se realizan “con respeto a la Ley de Financiación de partidos políticos” para que no superen el límite de gasto. Se trata de un intento de escapar del brete cuando te han cazado porque la norma no menciona la fórmula de préstamos en parte alguna del epígrafe sobre financiación pública. Lo hace en los recursos procedentes de la financiación privada, pero la banca no suelta la gallina porque no se fía.
Un partido del tamaño del PSOE o del PP solicita unos 15 millones de euros para afrontar cada campaña, según los informes del Tribunal de Cuentas. Se trata de mucho dinero para difundir los programas y los mensajes. Las estrategias electorales diseñadas desde un despacho de Madrid se estrellan cuando llegan al territorio. La utilidad de empapelar un pequeño municipio con la cara de los candidatos puede contribuir a satisfacer egos, que consiga cambiar el sentido del voto de los vecinos es discutible. Pasan las elecciones pero queda una imagen de abandono. La retirada de la cartelería o bien corre a cargo del erario o se deja al albur de la intemperie hasta que el aire, el sol y la lluvia trizan la propaganda. El coste de la limpieza también lo asumimos entre todos de una u otra manera. La cuenta no es pequeña. Si la banca nunca pierde y se permite que los partidos políticos jueguen a la ruleta con el dinero del ICO cuando están colgados de fondos, el sableo al ciudadano puede convertirse en crónico.
