Los números alarman. “En Galicia hay más de trescientas mil fincas sin que sepamos de quién son”, afirmó en un Foro Next Educación Jacobo Rey, director xeral en la Xunta de Galicia. La estimación la eleva a medio millón Ines Santé, directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Con certeza nadie lo sabe, pero es sin duda una barbaridad. Si en España hay once millones y medio de fincas -la tercera parte de ellas en Galicia- cuesta aceptar que tantas estén abandonadas. Ahí reside un peligro evidente de incendios porque nadie las limpia; ni siquiera los rebaños que ahora escasean y que antes cumplían, al menos parcialmente, con esa labor.
Estamos hablando de fincas muy pequeñas, producto del minifundismo tradicional, principalmente gallego y asturiano, aunque en otras zonas de España eso también suceda. Pero resulta impensable en los latifundios andaluces, manchegos y extremeños. Son parcelas aisladas, a veces de extensión comparable con una alfombra muy grande, y de casi imposible rentabilidad porque los costes de llegar a ellas no compensan el producto que generarían. Pero están ahí, forman parte del paisaje y alimentan una bomba de relojería en una España tan castigada por los incendios. Podrían contribuir a la producción de energía renovable como la biomasa o el biogás, pero su abandono lo impide.
La historia siempre es la misma: de hecho, acabamos de vivir un episodio muy cercano familiarmente. Fallece el anciano padre, o en otros casos la madre viuda, que salieron de la aldea para ir a la ciudad, y sus hijos no saben dónde estaban aquellas parcelas que solo sobrevivían en la nostalgia del familiar desaparecido; pequeños territorios que solo muy ocasionalmente los hijos visitaron. Sí lo saben algunos de los que nunca emigraron, o los que volvían allí con frecuencia, aunque a veces el relato confunda interesadamente propietarios. Es difícil encontrar familias ajenas a esa realidad en el norte del país, Asturias, Aragón y Castilla y León, además de Galicia.
Es un grave problema a enfrentar. España no puede permitirse otro verano con casi trescientas mil hectáreas destruidas por el fuego. El abandono de fincas es una herida medioambiental en el planeta. La cuestión debe ser atacada desde todos los frentes posibles e incorporarla como una palanca en la transición ecológica que nos proponemos. En Galicia se ha puesto en marcha la Ley de Recuperación de Tierras Agrarias que pretende identificar a los propietarios, exigir el cuidado de esas parcelas, o llevarlas a un banco de tierras para cedérselas a personas sin recursos si se comprometen a cuidarlas y explotarlas. Es una iniciativa excelente, aunque en la práctica vaya con demasiado retraso.
En otro frente está el Colegio de Registradores de España. Advierten de los riesgos de tener fincas sin la debida regularización. Complicaciones para sus propietarios, para la comunidad y para el medio ambiente. Un esfuerzo de normalización legal para esas fincas se hace imprescindible para evitar problemas. Una alianza con los Colegios de Registradores es posible y deseable. Urge la tarea porque vamos contrarreloj, precisamente por la previsible desaparición en los próximos años de personas que aún conservan en su memoria datos fundamentales para esa regularización.
En el otro frente están los grupos ecologistas, las asociaciones y fundaciones, convencidos todos de que la transición ecológica es una de las tareas urgentes que apenas se impulsan y que son vitales para combatir el cambio climático. La tarea se hace inaplazable porque el precio de conseguirlo es cada vez más alto.
