Los cinco concejales de Ciudadanos del ayuntamiento de Barcelona acaban de unirse a los 33 ediles de la mayoría de separatistas e izquierdistas para establecer una frontera sanitaria que aísle políticamente a Vox en la ciudad, que cuenta actualmente con 1,62 millones de habitantes.
Sólo los tres concejales del PP se negaron a avalar la declaración promovida por la separatista ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, en la que los distintos partidos se comprometen a evitar acuerdos con formaciones que “fomenten el odio y relativicen el fascismo”.
C’s se alió así con sus rivales naturales, como son, junto con ERC, los también separatistas, el PDe CAT y la ultraizquierdista CUP, formaciones que además los hostigan constantemente.
El partido de Albert Rivera dejó claro así que rechaza más a un partido que apoya incondicionalmente la Constitución que a los anticonstitucionalistas.
El frente Anti-Vox lo firmaron también Barcelona en Comú –Podemos-- de la alcaldesa Ada Colau, y el PSC.
El portavoz municipal del PP justificó su negativa a aislar al partido calificado de ultraderechista recordando que como mínimo la CUP y todo lo que representa el expresidente Carles Puigdemont están apoyados por partidos xenófobos y en algunos casos antisemitas.
Durante los próximos meses y años surgirá siempre esta pregunta: ¿Es más peligroso para la democracia un partido de una derecha dura, aunque dentro de las leyes en vigor, o quienes rechazan y desobedecen a la Constitución y hostigan o agreden a quienes no son como ellos?
Tras las elecciones andaluzas, tanto el PP como C’s necesitarán directa o indirectamente a Vox para gobernar ciudades, comunidades y el propio país, como no sea que el partido de Rivera se una al PSOE, que ve como su socio preferente, Podemos, se descompone.
