Opinión

Derechos humanos en venta

 

Los separatistas catalanes practican unas relaciones públicas tan eficaces que han convencido a un relator del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de que pida la libertad de los políticos presos tras romper unilateralmente la Constitución y declarar la independencia de Cataluña.

“La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales” dice la parte fundamental del informe del relator, Fernand de Varennes, un jurista canadiense encargado de proteger a las minorías, en nombre de ese Consejo, dominado mayoritariamente por dictaduras. El error del Estado fue haber tolerado, todavía con Mariano Rajoy, que la Generalidad presidida por Carles Puigdemont firmara acuerdos como parte del Reino de España con el organismo de la ONU, al que le pagó varios cientos de miles de euros; realmente compró voluntades.

Ahora las emplea con ese informe que parte de una falsedad: considera que los políticos separatistas catalanes son una minoría perseguida por sus ideas, cuando hay dos sociedades igualmente catalanas, una de ellas dominante, esa separatista, y otra cultural y socialmente segregada, al menos, por sentirse tan española como la catalana.

El informe de Fernand de Varennes, elaborado tras una visita a España entre el 14 y el 25 del pasado enero, se basó en declaraciones de nacionalistas, bajo la tolerancia y la desidia del apaciguador Pedro Sánchez, al que parecen gustarle los relatores falsamente neutros como este canadiense. Ciudadanos denunció que De Varennes rechazó entrevistarse con ellos, vencedores en las elecciones autonómicas. Querían denunciar, entre otras cosas, que los políticos presos habían dado un golpe de Estado y que en Cataluña “se imparten 0 horas de español a la semana en Educación Infantil, 2 en primaria, 3 en educación secundaria obligatoria y 2 en bachillerato”: eso sí es segregación.

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