Con su incorporación durante dos años al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas España deberá buscar soluciones a numerosos conflictos internacionales, uno de ellos el de Gaza, franja palestina de 385 kilómetros cuadrados, cuyo 1,5 millones de habitantes está gobernada por Hamas, ala terrorista de los Hermanos Musulmanes según la UE y EE.UU.
Esos países han anunciado que aportarán 3.910 millones de euros para reconstruir las zonas de la ciudad-capital de la franja bombardeadas por Israel, donde se ocultaban los dirigentes de Hamas o desde donde lanzaban misiles siguiendo su objetivo fundacional, destruir el país enemigo y expulsar o exterminar su población.
El último choque palestino-israelí en Gaza comenzó en julio pasado tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes ordenado por Hamas, que admitió finalmente haber dado la orden.
Israel detuvo enseguida a numerosos islamistas, mientras Hamas incrementaba su lanzamiento de misiles contra Israel, iniciado meses antes.
Los soldados israelíes incautaron numeroso armamento y encontraron dos docenas de túneles construidos por Hamas que penetraban en su territorio, aunque calculan que la red tiene cuarenta más, edificados con materiales desviados de la generosa ayuda occidental para construir viviendas.
En los dos meses de guerra que siguiendo a los secuestros se produjeron unos 2.100 muertos en la ciudad de Gaza, en la que vive la mitad de la población de la franja.
Muchos eran niños que, aunque forman el cuarenta por ciento de la población, frecuentemente eran usados por los islamistas como escudos humanos, según las denuncias de observadores neutrales.
Una tarea primordial española será vigilar el destino de la ayudas para la reconstrucción, para que se destinen a viviendas y servicios públicos y no a construir o reconstruir túneles, o a adquirir armas para la yihad permanente contra Israel.
