En cualquier momento la policía detendrá al actor Willy Toledo para llevarlo ante el Juzgado número 11 de Madrid en el que no compareció por sus blasfemias de 2014 contra las principales figuras del cristianismo, pese a una citación provocada por las denuncias de la conservadora Asociación de Abogados Cristianos.
Será una noticia de amplio alcance. Un simple actor quizás esposado por una “performance”, que es lo suyo.
La justicia española está bajo el escrutinio internacional tras el encarcelamiento de dirigentes independentistas catalanes y la negación de la justicia alemana de entregar a Carles Puigdemont.
Además, y aunque las penas fueron simbólicas sin entradas en prisión, en los últimos meses hubo ya juicios a cantantes, blogueros y provocadores por alabar el terrorismo, quemar banderas españolas o fotos de los Reyes.
Lo que anticipa que el caso de Willy Toledo, de 48 años, comunista y fidelista, se quedará en un escándalo en el que las leyes, en especial artículos 523, 524 y 525 del Código Penal, que recogen multas y penas de hasta seis años de cárcel para este tipo de delitos, o no se aplican o casi se anulan las penas.
Bastante castigo tiene Toledo con el boicot del público. Defraudado, abandonó España para vivir en Cuba, pero volvió poco después posiblemente porque prefiere el rechazo español al revolucionario amor fidelista.
Si los artículos contra la blasfemia y agravios afines son ineficaces --en España blasfema casi todo el mundo como Toledo, algo que asombra a los extranjeros--, y además negativas para la imagen del país, ¿por qué no se derogan?
Así nadie reproducirá en los medios informativos con cierto sadismo las mismas palabras de Toledo y de todos los demás. Dejarían de ser noticias nacionales e internacionales.
