Dos años le ha costado al juez Castro enviar al banquillo a la infanta Elena pero lo ha grado. Le ha costado una amistad de años con el fiscal Horrach, y ha emitido su decisión con el Sindicato Manos Limpias como único argumento a favor, y el informe en contra de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Mucho me sospecho para mí mismo que la dimisión de Torres Dulce también se encuentra en directa conexión con estos hechos. El tiempo puede decirlo, aunque casi estoy por apostar mi plateado bigote a que el tiempo finalmente se va a quedar callado.
Castro ha sido un juez cabezón, inflexible y honesto que ha terminado procesando a la hermana del Rey en las mismas condiciones que se procesa a su marido, al socio de su marido y a la mujer del socio de su marido. Si la esposa de Torres irá a juicio no es comprensible que la infanta, sospechosamente por el hecho de ser infanta, quede exonerada. Eso lo ha puesto de manifiesto cada dos por tres la opinión pública y es un razonamiento muy razonado que el juez comparte. En una palabra, un razonamiento que se cae de cajón.
Por consiguiente, será un tribunal de Justicia quien determine si la infanta Cristina es responsable de determinadas actuaciones que pueden ser consideradas como delictivas y a mí me parece que es lo más lógico y lo más sano porque no serán los periódicos ni la opinión pública quien la juzgue sino la instancia adecuada. En resumidas cuentas, la acusación sospecha que Iñaki Urdangarín no podía llevar a cabo los actos cuyos cargos se le imputan sin la ayuda de su mujer, sabiendo ella a su vez lo que hacía y conociendo la naturaleza penal de los comportamientos de su marido, un tipo que lo ha podido tener todo sin meter los dedos donde no debía y que, sin embargo, no ha querido conformare con lo que su confortable condición le deparaba y ha querido mucho más hasta que se le ha roto el saco. Miguel Roca, abogado de la infanta Cristina ha advertido públicamente que apelará pero Castro dice que su decisión no es recurrible. Y en esas estamos.
Me da que el que sale ganando en esta cuestión es el rey Felipe. El procesamiento de su hermana y su cuñado le permite permanecer libre de toda sospecha y refuerza el axioma obligatorio de justicia para todos. Le vendrá muy bien que así sea.
