Los expertos en una materia que ni por asomo domino, afirman que aunque exista un acuerdo de mínimos entre Gobierno y Oposición para la renovación de la cúpula judicial, la crisis no está cerrada ni la designación de un nuevo presidente del Consejo en sustitución del hastiado Lesmes es capaz de arreglar un pozo sin fondo de batallas y desacuerdos cuya raíz se expresa en la inadmisible politización de las mismas instituciones que dan sustancia al propio ordenamiento jurídico. La crisis que mantiene inmovilizado el Consejo General del Poder Judicial y ha dejado bajo mínimos de eficacia y celeridad al Tribunal Constitucional lleva presente en ambos frentes más de cuatro años, y este súbito acercamiento entre Feijoo y Sánchez que se hizo carne en la reunión de Moncloa hace dos días, no da señales de que el verdadero y profundo motivo del problema pueda obtener un desenlace que proporcione equilibrio y sostenga un escenario pacífico y duradero. Es cierto que este encuentro vis a vis entre el presidente y el jefe opositor es consecuencia de una serie de reuniones de alto nivel entre el diputado González Pons y el ministro Bolaños –el enviado conservador aparecía tras las sesiones sonriente y fresco mientras el ministro comparecía despeluchado y ojeroso lo que sugiere un cierto dominio de la situación por parte del primero- y no es desdeñable sospechar que ahora hay más cercanía entre ambas posiciones, pero el ombligo del misterio no está resuelto. Alberto Núñez sospecha que va a ser en un futuro inmediato nuevo presidente y no quiere de ninguna manera que ambas instituciones estén completadas antes de que lo sea, y dominadas por el equipo y el partido saliente. Por tanto, aspira a poder terciar en la renovación de sus miembros cuando le llegue el momento.
Reforzando mi completa ignorancia al respecto, sigo preguntándome por qué si el Poder Judicial es un órgano de decisión del Estado de Derecho por definición completamente independiente, está elegido como está elegido y reacciona tal mal y con tan poca autonomía a los estímulos y deseos de control que parten de las presidencias del Gobierno. Lo razonable y sensato sería que los órganos de Gobierno de los jueces partieran de los designios de los propios jueces. No es así, sus nombramientos parecen una tómbola, y así llevan cuatro años de parálisis y precariedad. Y esto no ha terminado.
