No acabo de entender qué tiene que pintar la justicia argentina en la revisión del mandato como ministro de Gobernación desempeñado por Rodolfo Martín Villa entre los años 1975 y 1979. La juez federal María Servini, titular del juzgado número 1 de lo Criminal y Correccional, conduce el proceso indagatorio sobre la causa establecida contra el ex ministro español por genocidio y crímenes de lesa majestad sobre hechos ocurridos entre 1975 y 1976 en una vivienda de Vitoria y en las fiestas de San Fermín en Pamplona en los que se contabilizaron seis muertos en el curso de dos acciones policiales contra comandos etarras. El presidente del Gobierno en aquel tiempo era Adolfo Suárez que, como ha manifestado el ex ministro de UCD, si Suárez viviera también estaría acusado de los mismos cargos.
Llama la atención en este pintoresco procedimiento la actitud del Gobierno español y su inhibición sobre el caso hasta el punto de que han sido tres ex presidentes por libre, –tres sonoros habitantes de la Moncloa- los que han dado la cara por el veterano político leonés de larga trayectoria y expediente irreprochable que hoy cuenta 85 años. Han salido en defensa de Martín Villa y han solicitado incluirse en el procedimiento, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Paradójicamente, la actual fiscal general del Estado y antigua ministra de Justicia, Dolores Delgado, no solo no ha intercedido para preservarlo de un ataque a todas luces intolerable con el que se pone en gratuita duda la honorabilidad y calidad democrática de la Justicia española, sino que ha dejado sin firmar un exhorto preparado por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, por el que se instaba al fiscal jefe de la Audiencia de Madrid a que se opusiera a cualquier comisión rogatoria relacionada con este caso. Martín Villa no ha querido hacer sangre sobre ello y advierte que, desde el primer momento, se puso al servicio de la Justicia argentina para cualquier diligencia y de hecho, ha prestado declaración desde España.
Pero el comportamiento de la fiscal general Delgado y del Gobierno español es para salir corriendo. La petición se produce además, desde Argentina, donde los genocidios, las desapariciones, los asesinatos, la encarcelación y el vacío judicial han sido norma y sostén del Estado durante años y aún palpitan. Una vergüenza.
