La imputación a la que finalmente va a tener que enfrentarse Miguel Ángel Fernández Ordóñez no solo presagia un futuro comprometido para el que fue gobernador del Banco de España durante aquellos 2010 y 2011 en que comenzaban a aflorar las miserias de las entidades conocidas como cajas de ahorros, sino que puede interpretarse sin cometer arbitrariedad alguna como el necesario y urgente procedimiento capaz de poner freno y coto a la insolente y altiva actuación de las sucesivas cúpulas del Olimpo de la economía patria, el organismo regulador del sistema financiero español que se ha regido más tiempo del que debía permitirse por un código de actuación absolutamente propio. El equipo dirigente del Banco de España es depositario de un poder que apenas admite comparación con cualquier otro del país. Mantiene un régimen de retribución y prebendas incomparable que nadie discute y que nadie entra a analizar, desarrolla su actividad libre de cualquier fiscalización, y mantiene en general una postura estirada y distante como corresponde a un cuerpo de élite que no admite críticas, no se inmiscuye en debates que considera inadecuados y ejerce su formidable capacidad de decisión por encima de cualquier organismo público y privado. En definitiva, sus miembros, con el gobernador a la cabeza, conforman una especie de hermandad de las sombras que no tiene nombres y apellidos ni voces ni rostros y que responde a los planteamientos más elitistas que uno pueda imaginarse. Tiesos, orgullosos e irrevocables, para el gobernador y su cuadro directivo el resto de los españoles somos sujetos cortos, indocumentados y francamente despreciables y ese apartado engloba a todos, desde jurisconsultos a parlamentarios, desde empresarios a periodistas, desde sindicatos a representantes políticos incluyendo en este ramillete los propios que allí les han colocado.
Ellos dictan las leyes, ellos saben de cuentas, ellos plantan las normas. Tanto saben de cuentas que, simplemente, las imponen. Y a callar que ellos son los que saben.
Esta situación se ha prolongado hasta ahora. A partir del momento, la autoridad judicial va a investigar el comportamiento de Ordóñez y su equipo en la gestión de la crisis de las Cajas de Ahorros en el último año de Zapatero, cuando el entonces presidente del Gobierno seguía manteniendo que las cajas eran el sostén de un sistema financiero para jugar en Champion. Ya era hora.
