La respuesta del socialismo a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía parece obedecer a un plan estratégico previamente trazado que ha sido dispuesto por los asesores de imágenes de cada una de las instancias donde se domicilian para paliar los efectos de una decisión que, muy probablemente, una buena parte de su clase dirigente no esperaba tan severa. Las conclusiones del alto tribunal expresan sin embargo lo que muchos de los de a pie suponíamos.
Un castigo duro pero intachable a los manejos de un partido cuyo principal enemigo fue él mismo y la creencia de que se había institucionalizado en una franja de la geografía española en la que nadie podía en ningún momento moverles la silla. El PSOE andaluz nació al sistema territorial de las autonomías mandando, y así ha estado cuarenta años, un tiempo dilatado que le ha ofrecido la posibilidad de hacer en un territorio conquistado lo que les ha venido en gana sin pensar en fiscalizaciones ni órganos reguladores que impidieran la comisión de arbitrariedades y desmanes a diestro y siniestro hasta que todo se ha derrumbado y ha conducido a muchos de sus responsables a la cárcel.
La sentencia, como ocurre por desgracia con otros muchos escenarios de la justicia, se ha ido demorando y ofreciendo tiempo a los involucrados para que prepararan una respuesta a la magnitud del impacto. Hay en el organigrama del PSOE desde siempre –un mal que padecen y que no les ha otorgado nunca nada positivo- más indios que vaqueros. Más asesores, consejeros, consultores y politólogos que personas mismas a las que es menester asesorar. Por tanto, se han puesto a pensar todos a la vez en la estrategia. La estrategia ha consistido en apoyar con vehemencia la honestidad de los sentenciados, aduciendo para ello que ninguno se ha llevado un duro a casa.
El tribunal cifra en 600 millones de euros la cantidad de dinero público defraudada y cuesta creer que ni un euro de este disparate haya revertido en sus respectivos patrimonios aunque no resulte posible demostrarlo. La otra gran baza es suponer que los de ahora están tan lejos en el tiempo que no les salpica. No es verdad. Carmen Calvo –actual vicepresidenta del Gobierno- era en 1995 consejera de Cultura en el gobierno de Manuel Chávez y más tarde, fue diputada por el PSOE en el parlamento andaluz. Susana Díaz, naturalmente, también ha estado allí.
