Estamos en un país de contrasentidos a cuya perniciosa influencia hay que añadir nuestra proverbial costumbre de despreciar la viga en nuestro ojo en aras de encontrar la paja en el ojo ajeno. Se trata de una costumbre muy propia que se manifesta estos días en los que un nutrido grupo de energúmenos aventados por el energúmeno padre, han asaltado el Congreso de los Estados Unidos para intentar imponer por la fuerza una situación que ha sido resuelta con la ley en la mano. Se trata, o al menos así me lo parece, de un intento de golpe de estado que la autoridad legalmente constituida y ya refrendada por todas las instituciones democráticas competentes del país, se apresta a combatir con los mecanismos que la Constitución les permite utilizar. La prensa española y todas las cadenas de televisión, están horrorizadas ante los hechos y reclaman contundencia para controlar las hordas de paisanos enfebrecidos a los que la indecencia de un aspirante a la Casa Blanca derrotado ha puesto en pie de guerra aprovechando la fragilidad de sus entendederas y la capacidad manipuladora que el poder -aunque sea ilícito- puede ejercer sobre una masa incapaz de discurrir por sí misma.
Hace cuatro años, una delirante situación propiciada por unos motivos ligeramente distintos, promovió una asonada en Cataluña, con un Gobierno que se declaró en rebeldía y proclamó desde el balcón del palacio de la Generalitat nada menos que la independencia de su región, estableciendo para ello una República de Cataluña, soberana con sede y capital en Barcelona. Los hechos revistieron características muy similares –no en la dimensión, claro, porque España cabe en el estado de Texas y Cataluña tiene siete millones y medio de habitantes, un millón menos de los de Nueva York- pero sí en su ilegitimidad y también en la violencia desatada. Los sucesos de Barcelona se caracterizaron por una gran violencia alentada por los adalides del golpe que empujaron a las masas a una revuelta de un fanatismo inusitado.
La vicepresidenta del Gobierno español, en nombre del ejecutivo, defiende la capacidad del Consejo de Ministros para tramitar el indulto de los sediciosos y lo defiende. No creo que en EE.UU se produzca algo parecido ante un asunto tan grave.
