La petición cursada al Tribunal Supremo por el juez Manuel García Castellón, resucita una causa que parecía definitivamente superada. El magistrado no solo no acepta el hecho de que el vicepresidente Iglesias sea considerado como víctima en el procedimiento que investiga el robo de la tarjeta contenida en el teléfono de su colaboradora Dina Bousselham, sino que, muy al contrario, sigue sosteniendo que es uno de los implicados y solicita al Supremo que abra una causa por la comisión de tres delitos: falsa denuncia, descubrimiento y revelación de secretos, y comisión de daños informáticos. García Castellón acusa en su informe al vicepresidente del Gobierno de urdir una falsedad en torno al robo de la tarjeta de su entonces colaboradora, con la que trató de cubrirse convirtiéndose en víctima de una supuesta conjura política cuando en realidad estaba involucrado en la sustracción y probablemente era parte muy comprometida del contenido del documento. El supremo tendrá que escuchar ahora el informe de la Fiscalía, cuya máxima autoridad está literalmente pringada en este lodo por todas partes. Con Dolores Delgado, que era ayer ministra de Justicia y hoy es Fiscal General del Estado, tienen abundante interrelación el ex comisario Villarejo, el ex juez Garzón –al que sustituyó García Castellón por cierto cuando fue diputado- Pablo Iglesias y por supuesto el presidente Sánchez, de manera que no es fácil que el ministerio público se muestre muy receptivo a la petición de imputar a Iglesias. Si lo hace, habrá que solicitar un suplicatorio al Congreso porque Iglesias está aforado. El juez quiere que se investigue de paso a Dina y su marido y a dos abogados de Podemos, pues estima que este suceso no es más que un montaje en el que todos están hasta las orejas.
Existen por tanto muy pocas posibilidades de que Pablo Iglesias acabe sentado delante de un juez respondiendo a unos delitos que tipifican la vertiente más oscura e insalubre de las tareas del Estado, aquellas que fustigó con inusitada dureza cuando aún era respetable. Después, llegó la guillotina que cercenó las cabezas de todos sus rivales en el partido, después la mansión serrana y, a partir de ahí, el interminable rosario de trapacerías e indignidades. Se impongan o no las tesis de García Castellón, Iglesias está inhabilitado para gobernar. Se libre o se condene, da igual. Ya no vale.
