Europa ha instado de manera reiterada al Gobierno español a revisar la legislación en materia de compensación por copia privada a los titulares de derechos autorales, así como a revisar la Ley de Propiedad Intelectual, al considerarla perjudicial a la hora de defender la creación.
Mientras el resto del tejido laboral se rige por el Estatuto General de los Trabajadores, gozando de protección y derechos, la Administración se pasa por el arco del triunfo la labor de los creadores de este país. Artistas plásticos, músicos, escritores, actores y, en definitiva, los responsables de aportar la cultura a la nación, son constantemente ninguneados por el Estado al enajenar sus derechos.
Pero lo que ya excede es la impunidad con la que cualquier político puede pasarse por el forro la ley despreciando a las instituciones, argumentando por si no bastara ser víctima de un ultraje contra su “intimidad”. El delagado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, a la sazón libre designado al servicio de todos, fue cazado por un fotógrafo cuando abonaba cinco euros en un top manta por un CD ilegal. Esa es la realidad indiscutible.
La actual Ley, donde antes penalizaba la piratería cultural con sanciones, contempla ahora penas de cárcel de seis meses a un año a los manteros y multas a los compradores establecidas según cada ayuntamiento, sanción que no parece haber afectado al susodicho político.
Acercándose a la Navidad los chiringuitos de los manteros medran exponencialmente al amparo del buenismo festivo que lleva primero a desoír, para luego consentir y finalmente alimentar el comercio ilegal bajo la premisa de solidarizarse en tan señaladas fechas, cuando lo único que se estimula es la bolsa de los capos mafiosos del comercio ilegal que se forran a cuenta de los inmigrantes y la buena disposición de los parroquianos.
Para comprender el daño provocado por la piratería basta remitirse a las cifras. A falta de cerrar el presente año, en el 2015 se cifró en 54.601 millones de euros —la mitad de los presupuestos generales del Estado—, las pérdidas provocadas por esta práctica ilegal que, además de privar de ingresos a miles de familias españolas, ha impedido que Hacienda pudiera recaudar de manera directa 16.380 millones y otros tantos de forma indirecta. Pero si además se combatiera a la piratería de manera activa en España, sólo en el ámbito digital se crearían 30.000 puestos de trabajo directos y 150.000 indirectos, y eso sin contar con el resto de falsificaciones libros, fotocopias, descargas ilegales, películas, música, ropa, complementos, lo que sumado suponen cifras mareantes.
Muchos ciudadanos no acaban de comprender que los 9€ aparentemente ahorrados al comprar una copia ilegal se acaban pagando con paro, subidas de impuestos y bajada de coberturas sociales, porque las cuentas son sencillas: si en lugar de circular en el país tributando, cotizando y generando riqueza, el dinero ese acaba transferido a Nigeria, Colombia o China, lo único que produce en España es pobreza para repartir ente todos. Cuando en enero un montón de establecimientos locales cierran por no haber facturado durante la campaña navideña, el primer damnificado es el comerciante, cierto, pero los siguientes perjudicados son el resto de los contribuyentes. Por ese mismo motivo socavar a los creadores supone un daño análogo, resultando una pérdida patrimonial no sólo para ellos sino también para el Estado y la ciudadanía.
Lo que resulta inadmisible es que un libre designado como el Delegado del Gobierno en el País Vasco fomente con su actitud la piratería con el grave perjuicio que supone, teniendo la desfachatez de alegar que el hecho se enmarca dentro de su vida privada. ¿Acaso ha olvidado Carlos Urquijo que cobra por libre disposición las 24 horas del día, siendo su mandato cumplir, hacer cumplir la ley y estar al servicio de la ciudadanía? Pues que tome buena nota, porque como dijo Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única.
