En la entrega precedente se explicaba cómo se fraguó la burbuja inmobiliaria. De que modo la banca en general se pasó por el arco del triunfo los Acuerdos de Basilea -por los que se rigen las relaciones multilaterales entre entidades crediticias-, y cómo tras desplumarse entre ellos se descapitalizaron.
Sin liquidez, en España se echó mano de un instrumento bursátil que los pequeños ahorradores y cuentacorrentistas no conocían ni en su casa a la hora de comer, desvalijando sus cuentas a cambio de papel de estraza, descapitalizándose por segunda vez, lo que finalmente daría lugar al rescate bancario, que a viva voz muchos ciudadanos aún hoy reclaman que se devuelva. En total 60.000 millones de euros del primer Gobierno de Rajoy, después del aval de 100.000 millones del de Zapatero, clientes ordinarios sin efectivo y desollados.
Pero para entender lo que sucedió es necesario entender algún concepto. En primer lugar una cuestión que tiene que ver con a regionalización europea. Así, una de las primeras consecuencias del ingreso de España en la Unión Europea y su moneda única, fue la pérdida de soberanía del Banco de España a favor del Banco Central Europeo, que no queda demasiado claro si está mangoneado por el Bundesbank alemán.
Lo siguiente atañe a la naturaleza de las entidades de crédito españolas, donde con frecuencia se confunden bancos y cajas de ahorro, metiendo a todos en el mismo saco. La realidad es que, mientras los primeros son empresas económicas cuyo negocio principal es el dinero y su razón de ser, la búsqueda de beneficios, las cajas de ahorros son sociedades coooperativas, es decir, su fin no es obtener beneficios económicos sino excedentes, que en teoría deberían reinvertirse en su localización.
La segunda diferencia entre bancos y cajas es que los primeros se ordenan por consejos de dirección y administración, por lo general integrados por individuos formados y capacitados en la gestión empresarial y, más en concreto, en la banca. En las cajas de ahorro por lo general acabó aterrizando políticos, sindicalistas y libre designados, cuya lealtad estaba más cerca de sus formaciones políticas y sindicales que del interés de los ahorradores. De modo que estos cargos expoliaron los recursos de las cajas de ahorro hasta dejarlas totalmente endeudadas. La respuesta del Gobierno de turno consistió en fusionar las cajas, financiarlas con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), transformarlas para que dejaran de ser cajas, convirtiéndose en bancos, y ponerlas a la venta a quien comprarlas quisiera.
Hay que matizar que fueron esos bancos resultantes de la fusión de las cajas de ahorro lo que se financió. No los bancos, que en este país jamás fueron rescatados. Valga como ejemplo los bancos Siero, del Norte y Murciano, del padre de Rodrigo Rato; el Atlántico de Ruiz-Mateos, o los casos más recientes del Pastor y el Popular. Lo que se financió fue las cajas bancarizadas, pero los bancos que adquirieron estas entidades sí pagaron el rescate bancario, en muchas ocasiones con creces.
¿Cómo? Pues en primer lugar abonando una parte del dinero al FROB y la otra cubriendo todos los fondos de inversión, el efectivo de cuentas corrientes, planes de pensiones, seguros, depósitos y todo el dinero que se había volatilizado. A esto se le suman el reintegro a los clientes por las preferentes. De no haber asumido esta carga, el sistema económico hubiera colapsado y los ciudadanos habrían ido de cabeza a una nueva Edad Oscura. Por lo tanto sí, se devolvió el dinero del rescate y los bancos ya no les deben nada a los ciudadanos. Lo único que se obvió fue enjuiciar a los responsables a diferencia de Europa, pero claro, ahí los administradores de las entidades no eran políticos. Una excepción a todo este tinglado fue el Grupo de Caja Rural, se nunca tuvo problemas por respetar los acuerdos de Basilea, y porque nunca dejaron entrar a ningún político.
