Existe una sucesión de hechos que inevitablemente se repiten cuando acontece una calamidad como el fallecimiento del pequeño Julen. Lo primero consiste, sin duda, en organizar un rescate en toda regla, con independencia del resultado. Pero al drama siempre le sucede la purga, esa acción que busca un culpable sobre quien verter las responsabilidades, no tanto para evitar hechos futuros como para sacudirse de encima cualquier índice acusatorio.
Dejando de lado la magnitud, no tanto de la desgracia como del eco informativo, análoga situación se dio tras la colisión entre dos patinetes eléctricos en Valencia, cuando, en la calle Campoamor, un varón de 61 años y una mujer de 29, chocaron en mayo pasado en un espacio público.
Abriendo un paréntesis conviene recordar el suceso acaecido en la capital auriense, aparentemente sin relación, cuando un vecino decidió abrir un establecimiento radicado en el casco antiguo. Para ello realizó cuantas gestiones mandan los cánones para obtener todos los permisos correspondientes. Tras seis años de presencia en la ciudad vieja, el comerciante decidió cambiar su ubicación a un local ubicado en el centro, por lo que empaquetó todas sus pertenencias y mercancías para llevar a cabo el traslado. En plena mudanza se personó el notificador del Ayuntamiento para entregarle la licencia de apertura del local que abandonaba. ¡A buenas horas! Casi suena a burla. Sin embargo este acontecimiento tiene nombres y apellidos, y lo grave es que no se trata de un hecho aislado sino de una práctica habitual.
Cerrando el paréntesis, esta es la realidad a la que debe enfrentarse quien desee abrir un establecimiento. Para cumplir con la legalidad vigente sería necesario abonar un alquiler o una hipoteca durante varias años, sin poder desarrollar actividad económica, o manteniendo una cuadrilla de trabajadores cuando de ejecutar una obra se trata.
Pero la solución -nunca escrita pero sí dicha de palabra-, es el consabido “bueno, tú date de alta en Actividades Económicas y en la Seguridad Social y ponte a trabajar sin preocuparte de la licencia de obra y apertura”, como respuesta obvia a la imposibilidad de costear durante años un local sin poder desarrollar actividad. Y así es como un buen porcentaje de establecimientos que llevan ya años funcionando, no sólo carecen de licencia para hacerlo, sino que además, los de reciente apertura, carecen todos de ella.
Alguno se preguntará el motivo de tanta demora. La explicación viene dada por el motivo intrínseco al desastre. ¿Que el pequeño Julen fallece? Pues ya existe un culpable ideal, en este caso el dueño del solar donde tuvo lugar el luctuoso acontecimiento, por no tener la licencia, cuando lo que habría que revisar es si la empresa prospectora la había solicitado, se encontraba en trámite, o es la práctica habitual, desde la Administración, esperar al resultado positivo de la prospección para tramitar la documentación definitiva.
¿Que dos ciudadanos son ingresados en una unidad hospitalaria como consecuencia de un siniestro? Pues se culpa al propietario del establecimiento de alquiler de patinetes por no tener licencia de apertura, como hizo la responsable de área del Ayuntamiento de Valencia, nada más se conoció el accidente. ¿Cambiaría algo que el propietario tuviera licencia? No, definitivamente no. Lo único que podría haberlo evitado sería la previsión de la Administración a la hora de regular el uso público de los patinetes, dentro de los espacios y vías públicas, lugar que no sólo no es competencia del comerciante, y sobre el que además carece de jurisdicción, a diferencia de la autoridad municipal, cuya obligación era haberlo previsto. La razón del incumplimiento en la licencia de apertura no es del interesado sino del político, con la recámara siempre cargada de excusas para justificar sus omisiones, olvidando que la Administración no es su cortijo sino que, al igual que ellos, debe estar al servicio de todos.
