Se entiende coloquialmente por chanchullo el manejo ilícito para conseguir un fin, explicando de paso y de manera diáfana, las sucesivas salidas por la puerta trasera de Rajoy y la espantada de Pedro Sánchez, amén de la tercera convocatoria electoral en apenas tres años. Para los más quisquillosos también puede denominarse esperpento, disparate , desatino grotesco o ridiculez extravagante. En cualquier caso, el disparate debería hacer reflexionar al respetable acerca de lo oportuno de la propuesta de la ministra Celaá al querer modificar la ley educativa, un cambio que a la vista de las circunstancias se anuncia como imprescindible y trascendental para el país. La mejor muestra está en el actual presidente interino del Gobierno, Pedro Sánchez, quien necesitó ocho meses para comprender que si un minuendo de 350 congresistas y un sustraendo de 85 escaños, arroja como diferencia minoría, que en términos tan políticos como matemáticos definen la ingobernabilidad.
Este triste lapso de ocho meses ha costado pasar a un nivel de endeudamiento que coloca al país en uno de los diez más hipotecados del ranking, mientras el aparato del Estado se mantiene paralizado, a lo que ahora habrá que añadir el coste de nuevos comicios antes de tiempo. La pregunta del millón intenta averiguar la causa del resultado del curso político, yendo mucho más allá del resultado electoral. El motivo obvio es el gran chanchullo que se montan los partidos a la hora de repartir la tarta, tanto en aplicación de la ley electoral como en cuestión de pactos de gobernabilidad posteriores.
Resulta obvio que si los ciudadanos no otorgan a una formación mayoría suficiente para gobernar es porque no confían lo suficiente en ella. Ese es el motivo por el que en las dos anteriores convocatorias ningún partido alcanzó una cuota suficiente. Pero que nadie se engañe, sin tantos dramatismos aparentes esto viene sucediendo desde hace décadas. La IV Legislatura permitió gobernar al PSOE gracias al voto de Agrupaciones Independientes de Canarias. En la V Legislatura, Felipe González pactó con el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió para mantenerse en el poder.
En la VI Legislatura le tocó al PP de José María Aznar pactar con Convergencia i Unió, PNV y Coalición Canaria para conseguir la investidura. En la VIII fue Zapatero quien pactó con nacionalistas y partidos minoritarios para poder ostentar el Ejecutivo, logrando la investidura en la IX Legislatura gracias a la colaboración necesaria -por abstención-, de CiU, PNV, IU, ICV, BNG, CC y NaBai.
En la XI, Rajoy pactó con Ciudadanos para poder gobernar, y en la XII, antes de descalabrarlo Sánchez, tuvo que negociar para obtener el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Del asalto al poder de Pedro Sánchez tras la moción de censura, quedó evidente el acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos, Esquerda Republicana de Catalunya, Partido Demócrata Europeo Catalán, Partido Nacionalista Vasco, Compromís, Euskal Herria Bildu, Nueva Canarias, y la abstención de Coalición Canaria.
Cabe poner en duda que en las sucesivas convocatorias los ciudadanos hayan votado a ninguno de esos gobiernos de alianza, que apenas reflejan el tejemaneje de 350 representantes que, arrimando el ascua a su sardina, se reparten la tarta al margen de la voluntad popular. Cosa que, por el contrario, sería legítima de haber acudido en coalición a la campaña. Lo demás es la pura grosería de unos aprovechados que, cuando no alcanzan el apoyo necesario de la ciudadanía por carecer del compromiso exigible, se apresuran a argüir que esos gobiernos de conveniencia -u opereta-, son “la decisión de la mayoría” o que “así es la democracia”. Porque queda claro que ninguna encuesta de voto anotó jamás que el electorado estuviera de acuerdo con un pacto PP-PNV, o PSOE-CiU, y es que los problemas vienen luego, por el mezquino egoísmo de los políticos, cuando los partidos bisagra no obtienen los beneficios a los que están mal acostumbrados, o no les dan las cuentas.
