Opinión

El mundo al revés

Entre 1945 y 1946 tuvieron lugar los juicios de Nuremberg, por donde desfilaron los jerarcas nazis responsables de las SS y Gestapo durante la II Guerra Mundial, acusados de distintos delitos de desaparición, secuestro, detención ilegal, torturas y asesinato, destacando sobre todos ellos los de crímenes de guerra, de agresión, de genocidio y lesa humanidad. Las sentencias se saldaron con la condena a los inculpados a distintas penas de privación de libertad, prisión de por vida, enfrentando incluso alguno el patíbulo.

Este hito jurídico y humano marcó un punto de inflexión en lo que se refiere al Derecho Internacional. Así la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, con base a los Estatutos de Roma, desarrolló los subsiguientes procesos tras los acontecimientos políticos y bélicos acaecidos en el genocidio de Ruanda en 1994, o en el yugoslavo entre 1991 al 95, en la llamada Guerra de Bosnia. 

Consecuencia de la aplicación del Derecho Penal Internacional fueron los sumarios seguidos contra personajes anónimos para la mayoría como Rasema Handanovic, condenada a cinco años y medio de prisión por el Tribunal de Bosnia-Herzegovina tras ser hallada culpable de participar en el asesinato de 16 civiles croatas y 4 prisioneros en la aldea de Trusina en 1993, o el de Radovan Stankovic, condenado a 16 años de cárcel por torturas y violación. Casos más notorios fueron los del general Ratko Mladic, conocido como el “Carnicero de Bosnia”, sentenciado a cadena perpetua por la matanza étnica de Srebrenica, donde masacró a 8.000 hombres y niños musulmanes. También resuena aún en la memoria de las víctimas la pena a 40 años de prisión dictada contra el expresidente de la República Serbia de Bosnia-Herzegovina entre 1992-96, Radovan Karadzic, por su complicidad, participación u omisión en el genocidio de Srebrenica y durante el asedio de Sarajevo.

Igual suerte corrieron los 61 inculpados ruandeses, entre los que figuran gobernantes, militares, empresarios, religiosos, milicianos y responsables de medios de comunicación, condenados directamente por la muerte de más de 800.000 personas. En virtud de la jurisdicción universal, a esta lista se suman otros 10.000 ruandeses que pasaron por la corte de justicia de Alemania, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza.

La exposición anterior debería hacer pensar que como conjunto de virtudes y fundamento moral que lleva a dar a cada cual lo que le corresponde o pertenece, la Justicia funciona, principio que colisiona cuando la acepción se aprecia como aquello que debe hacerse según el derecho o la razón.

Para muestra el caso del bombero malagueño Miguel Roldán Espinosa quien se enfrenta, por parte de la fiscalía italiana, a una demanda de 20 años de cárcel por salvar la vida de 5.000 personas en el Mediterráneo durante 2017.

El delito del bombero español fue colaborar en el salvamento de náufragos abandonados a su suerte en el mar. A bordo del buque “Luventa”, de la ONG alemana Proem Aid, el rescatista andaluz participó activamente, junto a otros bomberos más encausados bajo idéntica acusación, en el rescate de exiliados sirios, muriendo en su intento de llegar a Europa, desprendiéndose que una sentencia en su contra no va a aliviar ni evitar este flujo migratorio, porque no hay sentencia ni ejército que pueda contener el hambre y la miseria.

La justicia italiana olvida que el hecho de ser ley no convierte a algo en justo, ante el riesgo de que aquellos pueblos a los que no se les hace justicia, tarde o temprano se la toman por la mano, porque, como dijo el aviador y autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor.

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