Opinión

Es la economía

Instigada por la ministra de Trabajo, hay gente que se pregunta por qué, a pesar de su enorme fortuna, Amancio Ortega sigue acumulando más dinero. Es, sin duda, una interrogante bien simple, tanto como la respuesta: porque la gente necesita ropa para vestirse y él se dedica a fabricarla y venderla.

Ya, pero entonces, por qué con un patrimonio que ronda los 115.000 millones de euros, no lo reparte con los demás. Ese es un asunto que plantea varias cuestiones. En primer lugar, Amancio Ortega -como el resto de millonarios-, no dispone de esa cifra a tocateja. No es que meta la mano en el bolsillo y empiece a sacar fajos de billetes. No, desde un primer momento se habla de “patrimonio”, y es que la mayor parte del dinero no es efectivo sino bienes, en su mayoría naves industriales con maquinaria, almacenes, muelles de carga y descarga, vehículos de transporte, stoks de materias primas y de manufacturas, es decir, infraestructura. Porque esa es la verdadera hacienda de la mayoría de los adinerados: el conjunto de bienes y herramientas logísticas que permiten la producción, distribución y venta de su producto. Es decir, los medios gracias a los cuales se facilita el empleo y, por lo tanto, el salario de los trabajadores. Se volverá sobre este punto.

En segundo lugar, Amancio Ortega es, como muchos otros empresarios de éxito, la cabeza visible de un conglomerado industrial, lo que equivale a decir que no es el propietario en exclusiva de ese consorcio que lidera sino un accionista más, en este caso el que mayor cantidad de participaciones ostenta.

Cuando se habla de las sumas estratosféricas que genera tal o cual factoría, cabe advertir que se habla de ingresos brutos, de los que hay que descontar costes e impuestos, pero de los que hay que detractar dinero para actualizar maquinaria, instalaciones, medios e insumos, a los que se suman depósitos como el Fondo de Reserva Obligatoria (FRO), Fondo de Provisión, el Fondo de Previsión, y el Fondo de Formación, que se incrementan en relación directa a los ingresos, Quiere esto decir que, sólo una vez que se ha restado el montante de todos estos conceptos, es cuando se puede hablar del reparto de beneficios entre todos los titulares de acciones.

Como en el caso de la ministra Yolanda Díaz, a quien no se sabe si es peor atribuirle ignorancia o perversión a la hora de abrir la boca, sin dejar claro cuál de las dos opciones es la más reprochable en su posición, alguno poco avisado afirmará que los accionistas deberían ceder parte de sus beneficios en favor del resto de la ciudadanía. Para matizar este tema conviene identificar quiénes son esa mayoría de accionistas, por lo general contribuyentes de clase media que, tras ahorrar dos o tres años renunciando a otras cosas, invirtieron ese dinero en participaciones de la empresa. En este punto cabe recordar que las empresas con deuda muestran su salud gracias a su capacidad de endeudamiento, y que emitir acciones es un mecanismo de financiación como otro cualquiera. Si se le saca porque sí el dinero a los accionistas, las empresas se quedarán sin inversores y, sin ellos, sin financiación ni capacidad de crecimiento y continuidad en el mercado.

El ejemplo más sencillo para entender esto se halla en Venezuela, que constituye la mayor reserva petrolífera mundial. El problema es que a lo largo de los gobiernos de Chávez y de Maduro no han modernizado su industria petrolera, con lo que en la actualidad apenas extraen petróleo porque su infraestructura es obsoleta.

Del otro lado están las propuestas de Yolanda Díaz de incrementar la presión fiscal sobre estas empresas y repartir los beneficios entre los empleados, pero lo cierto es que de actuar así, a corto plazo la empresa cesaría en su actividad al no poder estar al día mientras a los presuntos beneficiarios los esquilmaría Hacienda. Lo único claro es que en un régimen socialista, como se vio en la URSS, la economía colapsa porque son agujeros negros. En un sistema liberal, la empresa pública sólo está al servicio del político, no del ciudadano cuya misión es sólo mantenerla. La única empresa que está al servicio del ciudadano es la empresa privada porque, si no lo atiende bien, desaparece.

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