Si hay una percepción generalizada tras la campaña, por más polarizadas que sean las posturas, es el hábito inveterado de las formaciones políticas de tutelar al ciudadano, marcándole una X en el recuadro de las papeletas. Su incertidumbre fluctúa entre su desconfianza en la capacidad intelectiva del elector o la duda en su pericia para rellenarla correctamente. Esa ansiedad codiciosa por cobrarse el voto induce a especular que en secreto, ante la eventualidad de malograr el sufragio por no saber escribir, aspiran a que el elector lo valide estampando su pulgar.
Ninguna diferencia con el rasca y gana de las tarjetas publicitarias escritas en letras brillantes anunciando al penitente que, ante la probabilidad de ser acreedor de un premio, con urgencia rasquen con una moneda, aún a pesar de la certeza de que, sí o sí, todos los vales son ganadores de migajas.
Pero la madre de todas las X pulula por la declaración de la renta, en la que igual es beneficiaria directa la Iglesia Católica, que indirecta al mamar también del teto de las ONG's. Para la ocasión el episcopado auriense llama a marcar con la manida X para preservar el patrimonio, especialmente en la Ribeira Sacra, haciendo especial hincapié en los 40 Bienes de Interés Cultural que posee, a los que se suman otros 100 en proceso de declaración.
La solicitud de la dádiva se comprende, claro que antes habría que establecer el estado jurídico de dichos bienes. Si se trata de propiedades privativas suyas, debería mantenerlos la Iglesia a sus expensas. De ser patrimonio de los fieles en régimen cooperativo, deberían ser ellos quienes sufragasen su sostenimiento. Sólo se debería contemplar el uso de dinero público en el caso de ser un patrimonio universal ciudadano, punto que choca frontalmente con la realidad. Como ejemplo la catedral de San Martiño, restaurada con fondos europeos gestionados por la Xunta y subvenciones de la Consellería de Cultura, pertenecientes a todos los ciudadanos con independencia de sus creencias. Este hecho debería hacer reflexionar en que igual derecho correspondería a todas las confesiones para el mantenimiento de sus templos, y de paso a ninguna.
La disquisición se cimenta en que el Cabildo se atribuye la propiedad de una catedral construida con fondos procedentes de cuestaciones y donaciones de señores feudales, originadas invariablemente en las clases populares. Lo cuestionable es que, luego de costear la construcción y mantenimiento, a un orensano se le vete la entrada gratuita para visitar el baptisterio, obligándolo a pagar de nuevo.
De ahí que resulte discutible la pretensión de la Iglesia, siempre hambrienta de dinero. Cualquier patrimonio debe ser mantenido por sus propietarios. Sea la Iglesia, herederos de quienes lo obtuvieron con las desamortizaciones, o Hacienda en el caso de Paradores Nacionales, incluyendo a Santo Estevo de Ribas de Sil. Además de contar con la colaboración de cuantos desarrollen actividades económicas anexas que les reporten lucro, gravando al visitante, si es necesario, con el euro turístico, de manera que lo mantenga quien lo disfrute, evitando el agravio de costearlo entre todos mientras la propiedad y los beneficios son para unos cuantos.
Pero si hay algo que como institución milenaria la Iglesia tiene por obligación es, en sintonía con su prédica, velar antes por los necesitados que por los capitales, transformando posesiones como la Pietà de Miguel Ángel en la virtud cardinal de la Justicia.
Con un contenido concordante con el resto de textos neotestamentarios -aunque hábilmente relegado a los apócrifos-, el escueto evangelio de Tomás plantea el versículo más controvertido del cristianismo: “Parte un madero y allí estoy yo; levanta una piedra y ahí me encontrarás”. En él Cristo se afirma como la luz en todas las cosas. Ajeno a edificios, se manifiesta en el hombre y el mundo. Por eso su cruz fue para alimentar y redimir almas antes que recaudar para los templos.
