El umbral legal en la democracia española es causa y efecto de la partitocracia antes que en representatividad objetiva, todo ello aderezado con la obscena Ley D'Hont, que no refleja la correspondencia legítima entre votos y diputados. Valga como ejemplo las 19.696 papeletas que otorgaron el escaño de Teruel Existe, frente a las 119.597 para idéntico resultado del BNG.
A esta polémica realidad, a la que se suma lo que en sociología es conocida como la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels -que propugna que en todo grupo social el poder acaba siempre concentrándose en pocas manos-, se añade el puro interés partidista por encima del bien público, más allá de la ideología, desarrollando leyes doctrinales, como las que atañen a la educación, pero obviando las que deberían velar por la seguridad general.
Por un lado tenemos el absurdo debate que busca enfrentar a los españoles, relativo a la educación privada frente a la concertada, obviando que son la misma. En el país sólo existen dos modelos escolares -que no educativos-, el público y el privado. Los centros concertados existen sencillamente porque la Administración carece de instalaciones para absorber a la totalidad de estudiantes de enseñanza obligatoria. El Estado y las Autonomías carecen de suelo y medios económicos donde edificar nuevos centros, así como los ayuntamientos adolecen de fondos para su mantenimiento. La concertación fue la solución para garantizar la educación a todos sus beneficiarios. El resto de la crítica no son sino especulaciones y barbaridades ya que asignaturas como religión son opcionales y no alteran la calificación del alumno. Por otro lado, antes de alegar que en los concertados hay que pagar cuotas deberían informarse: esas asignaciones son un pago fraccionado para las fundaciones escolares, de carácter voluntario y en ningún caso condicionante.
¿A qué viene pues la polémica educativa? El lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky explica con nitidez que se trata de elementales estrategias de manipulación masiva. Igual que en su momento lo ensayó Cristina Narbona con los 60 litros de agua por ciudadano, o el globo sonda del PP relativo a eliminar todas las extras tras la Gran Recesión de 2008. Se trata de maniobras de distracción mediante las que el Gobierno distrae al respetable de aquellos temas que de verdad importan, centrando el foco informativo en un punto que caldean a voluntad, con el fin de producir un efecto de problema-reacción-solución. Visto por el escritor Marco Aurelio Almazán, la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa.
Mientras la ciudadanía está entretenida, el ejemplo de dejadez se muestra en el reciente encallamiento del buque “Blue Star”. Después de que desde 1970 la costa gallega haya sufrido continuos naufragios y desastres naturales. “Polycommander”, “Urquiola”, “Cason”, “Mar Egeo” o el “Prestige”, evocan alguno de tantos el dramas medioambientales.
En esta ocasión, si así puede decirse, acompañó la suerte, y el barco cargado de productos químicos sin especificar aún no han provocado ningún vertido. Pero lo reprochable es que, aparte de la normativa de doble casco, a estas alturas, después de haber pasado por el Obradoiro Alianza Popular, PSOE, PP, PSOE-BNG y nuevamente PP, ninguno se haya tomado la molestia de desarrollar un protocolo de actuación en caso de desastre.
Estas son las realidades objetivas que atañen a los ciudadanos, la tontería de cómo se reparten los puestos una oligarquía de políticos con el juego de las sillas musicales, es cosa que sólo les interesa y beneficia personalmente a ellos, lo que reafirma el enunciado de Auguste Comte al plantear que los instintos sociales accionan y reaccionan entre sí hasta producir por medio de un proceso equilibrador el orden espontáneo de la sociedad. Es decir, que al final, los que más se revuelven y protestan, son los primeros en estar dispuestos a tragar con ruedas de molino.
