Polycomander, Urquiola, Andrios Patria, Mar Egeo o Prestige, esta es la abultada lista de navíos cuyos pecios tapizan el fondo marino gallego.
El más reciente siniestro, el del buque petroquímico Blue Star, en noviembre del pasado 2019, recuerda que, si por desgracia hoy volviera a saltar una llamada de auxilio de un buque en peligro, las autoridades no sabrían cómo actuar.
Rutinariamente se convocaría a un consejo de libre designados -en su mayoría tan mediocres como ignorantes en la materia- y, ninguneando a cuantos sí están preparados para hacer frente al desastre, volverían a tomar una batería de medidas erráticas, para acabar hundiendo un nuevo buque en aguas del Atlántico, como siempre. Nada que diste de la actual crisis sanitaria, en la que los distintos partidos, para variar, se dedican a acercar el ascua a su sardina en lugar de involucrarse en arrimar el hombro en beneficio de la ciudadanía.
Pero que nadie piense que la falta de medidas concretas es sólo responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No, aquí hay para dar y tomar. Porque remontándose en el tiempo desde la redacción de la Constitución en 1977 y la posterior sanción en el 78, no sería hasta 1981, con un gobierno de la Unión de Centro Democrático, que a alguien se le ocurrió desarrollar una norma -con muchas lagunas, como la elección de un gobierno transitorio, ajeno a políticos y formado por tecnócratas capaces de atajar el desastre, para restituir luego el poder al titular legítimo salido de las urnas-, dando como resultado la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, con la que se regulaba la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio.
A aquel Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo le siguieron cuatro de Felipe González, desde 1982 hasta el año 1996; dos de José María Aznar, del 96 al 2004; otros tantos de Zapatero, del 2004 al 11; tres de Rajoy, desde el 2011 hasta el 2019, y los tres últimos capitaneados por el PSOE de Pedro Sánchez; en síntesis, desde la primera Legislatura tras la Constituyente, hasta la XVI Legislatura actual, sin que a ningún Gobierno se le haya ocurrido desarrollar un protocolo de actuación para actuar en cualquiera de los casos contemplados en la manida Ley Orgánica 4/1981.
Eso explica las decisiones erráticas y los fallos escandalosos del actual Ejecutivo de Sánchez, porque, a su inexperiencia, se suma la inexistencia de una guía de actuación que proteja los intereses de los españoles. Nada que difiera de las tragedias medioambientales, de modo que si a día de hoy volviera a encallar un petrolero en la costa gallega, los responsables políticos volverían a montar un circo que acabaría en desastre.
El país continúa sin un reglamento de actuación porque al político de turno apenas le importa salir airoso de los problemas que puedan surgir en su legislatura, y no le interesa dejarle nada arreglado al que venga tras él, ante la eventualidad de que le saque rendimiento en votos. Esta es la única y dramática realidad. Si por desgracia en la próxima legislatura arreciara de nuevo otra pandemia, no ya distinta, sino del mismo COVID-19, se volvería a caer en idénticos y exponenciales errores, fruto de la profesionalización de la política por la que el mayor incompetente puede aspirar a ministro , siempre en tanto sea leal al partido o, cuando menos, a su superior inmediato.
Esta es la lamentable consecuencia del egoísmo y la falta de compromiso de los libre designados, que blandiendo el carné del partido anteponen su éxito personal a su responsabilidad social, ignorando las palabras de Winston Churchill al afirmar que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
