Opinión

La ley del embudo

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La ley del embudo

La ley del embudo es una locución, por desgracia muy común en los países de herencia hispana, sea Latinoamérica, Filipinas o Nápoles, caracterizada sin ambigüedad en refranero popular como “lo más estrecho para todos y lo más ancho para uno”, manifestando así subrepticiamente a aquellos gobiernos que tienden a legislar aplicando en la práctica la cleptocracia, voz griega que designa al dominio de los ladrones. Se entiende a esta ley como expresión popular que denuncia una injusticia manifiesta -pese a que nadie se atreva a subvertirla-, surgida a menudo de algún tipo de confrontación o disputa que se inclina siempre a favor, no de quien tiene razón sino del más fuerte, socavando la equidad y poniendo en cuestión la justicia, las fuentes del derecho y, por supuesto, la legitimidad. 

Para quien no acabe de familiarizarse con las definiciones, se entiende por cleptocracia al establecimiento y desarrollo del poder basado en la sustracción del capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político o la malversación, dejando impunes tales acciones delictivas, al corromper todo resquicio representativo del poder, al abarcar   desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico. 

En el ordenamiento jurídico español se libra de esta definición a los funcionarios que, no sólo no detentan el poder, sino que constituyen un grupo laboral más, concebido como trabajadores del sector público, pero carentes de ningún poder de facto ni de iure.

Toda esta explicación es necesaria para valorar la actual aplicación del Salario Mínimo Vital (SMV), tan cacareado por el Gobierno Central y que, junto a los ERTE, se ha quedado en agua de borrajas. Así, sólo el 5% de los peticionarios del SMV han llegado a cobrar, mientras existen a día de hoy 750.000 solicitudes activas, lo que viene a abundar en que una cosa en predicar y otra repartir trigo.

Hace apenas cinco meses los defensores del Gobierno Central cargaban contra la Xunta porque, tras intervenir la Administración autonómica y enviar a casa a sus funcionarios, reprochaba la gestión de los ERTEs autonómicos, obviando que Galicia tramita unos 10.000 anuales y que resultaba imposible despachar 99.000 en una semana, además sin trabajadores públicos.

Ahora es el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien tiene que cursar las 750.000 solicitudes  -con un volumen mayor de administrativos que la Comunidad Autónoma-, sin  que se haya mostrado capaz de lograrlo. O quizá sí. ¿Quién puede asegurar que el problema no está en la eficiencia de la burocracia sino en la falta manifiesta de recursos económicos para pagar la  ayuda? Porque mientras Europa ultima los créditos a los países se crea un conflicto artificial. A nadie se le pasa que el país aún funciona con los presupuestos aprobados en 2017 por el entonces ministro de Economía, Cristóbal Montoro, sin visos por lo pronto de que se logre un acuerdo que los supere. 

Mientras tanto, desde el 3 de julio de 2018, el Gobierno de España ha prorrogado estos presupuestos, atesorando para principios del año 2020 unos 200.000 millones de euros que se han volatilizado en tres meses de pandemia. Es decir, que mientras Europa no haga efectivo el nuevo rescate no hay dinero y no queda otra que aplicar la Ley del embudo para justificar el impago de la Renta Mínima Vital a los solicitantes. 

Porque entre cargos públicos, libres designados, asesores y sindicalistas suman 445.568 políticos, en su mayoría prescindibles, dando de sobra para gastos ahorrándolos Se podría empezar por eliminar los ayuntamientos de la España vaciada en favor de las Comarcas, y de paso reciclar ministerios como el de Derechos Sociales, el de Consumo, el de Inclusión y alguno más que, reinsertados en otros, podrían dar el mismo servicio dejando de ser una losa para el país.