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El 22 de diciembre de 1975, tras la muerte del Caudillo, Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España, sirviéndosele en bandeja una monarquía absoluta por la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Pero antes de quedarse sentado en el trono en un país sin libertades, el recién coronado Juan Carlos I decidió, con ayuda de sus más inmediatos, modificar las Leyes Fundamentales del Reino -código heredado por la Dictadura-, para transitar a una monarquía parlamentaria, dotando al Pueblo español de una democracia y Constitución, sometiéndose él mismo a refrendo en el plebiscito. Sólo otro monarca más, a lo largo de toda la historia de España se sometió a una elección, Amadeo I de Saboya, con la diferencia de que este último ni era rey ni tenía poder absoluto, por lo que mayor mérito fue del Borbón, exponiéndose a perder la corona y el cetro, lo que, aunque no agrade a alguna minoría, legitima sin resquicios a su sucesor Felipe VI.

A partir de la muerte de Franco se desarrolló la Ley para la Reforma Política de Adolfo Suárez, aprobada el 18 de noviembre de 1976, aprobando el Congreso la legalización de los partidos políticos, esencial para convocar elecciones pluripartidistas en junio de 1977, en las que, pese a que el Código Civil y Penal contemplaban la mayoría de edad a los 21 años, permitieron votar y presentar su candidatura de los 18 años en adelante. Este dato es vital, considerando que en 1977 existían 36.079.654 ciudadanos, y de los 23.583.762 electores, ejercieron su derecho a voto 18.590.130, es decir, que la mayoría de sufragios fueron emitidos por los más jóvenes que querían el cambio y no tenían otro condicionamiento ni temor que vivir en una Democracia. De ese modo, aquel año el Congreso de los Diputados estaba representado por la voluntad del Pueblo español ejercida libremente.

De aquellos diputados surgieron los llamados "Padres de la Constitución" y los siete ponentes. Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, junto a José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, por el partido centrista Unión de Centro Democrático (UCD). Gregorio Peces-Barba Martínez, por la izquierda moderada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Jordi Solé Tura, en representación de la izquierda extrema del Partido Comunista de España (PCE). Manuel Fraga Iribarne por la coalición conservadora Alianza Popular (AP), y Miquel Roca i Junyent como delegado de las minorías catalanas compuestas por Centro Democrático de Cataluña. Unión Democrática de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, Republicano, Esquerda Democrática de Cataluña y Esquerda Republicana de Cataluña, respectivamente CDC, UDC, PSC-R, EDC y ERC. Es decir, que a excepción de las nacionalidades históricas de Galicia y Euskadi, estaban representados todos los partidos políticos libremente elegidos.

Todos los partidos, reunidos bajo el paraguas de la Ley de Amnistía, que sacó de las cárceles a los presos políticos, permitió redactar una Constitución que, libremente, fue refrendada por el Pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

Que nadie se deje engañar. Esta concadenación de hechos otorgó la Carta Magna, como sucesión de datos históricos comprobables en Boletines Oficiales, lo mismo que en los libros de historia escritos dentro y fuera de España, identificándola como una Constitución tan legítima que, junto a la Transición Española, hayan sido alabados y modelo a copiar por otros países. La Norma Fundamental del Estado no fue redactada en la dictadura ni aprobada por Franco sino por todos los partidos democráticos, mediante el libre sufragio de todos los ciudadanos.

La Constitución española es la más limpia, social y garantista que se pueda tener. El país no necesita ninguna nueva que busque, con cambalaches y cantos de sirena, limitar los derechos de los ciudadanos. Lo que hace falta es que el Ejecutivo destine todos los medios para que el derecho al trabajo, la educación, a una vivienda digna o la protección social se lleven escrupulosamente a la práctica, nada más, sin ningún tipo de cambio, porque es nuestra, y de todos.