Apoco que se profundice, para nada resulta sorprendente el desenlace final del juicio político a Donald Trump, por más que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, jure en arameo neoclásico, sánscrito y lenguas antiguas, contra los senadores que ella tacha de cobardes por absolver al expresidente, dado que con rey puesto a rey muerto, de nada vale ya juzgar.
Los medios se han esforzado en vender una imagen que dista mucho de la realidad, pintando a un Trump bruto y analfabeto, semejante a Nicolás Maduro, mediante el subterfugio de manipular la información. No, ninguno es precisamente un ignorante, y ambos son hombres de Estado capaces y eficientes. Caso análogo es el de Evo Morales, cuyo hándicap nunca ha sido su legitimidad sino su papel dirigente sindical indígena, nombrado presidente de Bolivia frente a los intereses de una élite corrupta que ha convertido a su país en un permanente nido de violación de derechos humanos, en ausencia de la más elemental garantía procesal, según fuentes de la ONU, organización que acostumbra a ser tan objetiva e independiente como sensible a temas de esta naturaleza.
Al margen de estar o no de acuerdo con el exmandatario norteamericano, el boliviano o el venezolano, en el fondo subyace la mala costumbre que se replica últimamente de manera exponencial en las democracias más avanzadas, como la española, buscando incluso más allá de judicializar la política, convertir a la Justicia en un títere grotesco en el que, pasándose la división de poderes por el arco del triunfo, los gobiernos pretenden instrumentalizar a los magistrados como un aparato al servicio de los partidos, como si no fuera ya injerencia sobrada que un Ejecutivo nombre a dedo al Fiscal General del Estado.
Aun así, dando de sí el cargo sólo para frenar investigaciones ajenas al interés del Gobierno, resulta insuficiente para promover la investigación gratuita en las que sí pudiera resultarle de provecho, especialmente cuando fija como blanco a la oposición o a rehuir sus propias responsabilidades. Es decir, lejos de granjearse el favor ciudadano con una gestión eficaz y transparente, utilizando la maquinaria estatal apenas se apoya en cuestionables maniobras de acoso, derribo y descrédito.
Así, por ejemplo, el juicio político al PP y a Aznar en una Comisión de Congreso -comité, por cierto, que transgrede derechos fundamentales como el de representación letrada o el de negarse a declarar-, que tras haber pasado por magistratura halló inocentes a muchos cargos de ese partido pero que, como a la formación de extrema izquierda no le gustaba, volvió a llevar a los juzgados para intentar nuevamente hundirlos, resultando otra sentencia absolutoria a su favor.
Mangoneando a los más desprevenidos, la ultraizquierda sentada en la bancada azul se empecina en borrar la pluralidad política, adulterando la verdad de la sentencia de la Gürtel que el propio Supremo aclaró al explicar que culpable a título lucrativo consistía en que el PP de la autonomía madrileña debía abonar 280.000 euros por los daños causados por los candidatos a dos ayuntamientos de Madrid. Algo análogo a lo que le pueda suceder a un vecino cualquiera a quien reclamen el importe de la luna de un escaparate que su hijo rompió jugando al balón, y que paga sin ser culpable, ni convierte en delincuentes a toda su familia.
En su insistencia en derribar al oponente con artimañas, ahora pretenden enjuiciar mediante la operación Kitchen al PP y a Rajoy, -ya lo harán luego con el PSOE-, dispuestos a utilizar el testimonio del convicto Bárcenas, cuyas pruebas se reducen a su discutible testimonio, condenado por una contabilidad paralela que le permitió amasar una fortuna de 80 millones, bastante alejados de los 280.000 euros antedichos. Esta caza de brujas debe cesar ya. No es una cuestión partidista ni ideológica sino de defensa de la democracia -víctima permanente de los antisistema-, garantista de derechos ciudadanos jurídicos, políticos y sociales, que engloba incluso a sus enemigos. Porque, que nadie se deje engañar, fuera del sistema no hay nada, sólo la ley de la jungla.
