Por estas fechas saltó a los medios el "afaire" de un joven granadino que debía ingresar en prisión por robar 79 euros con una tarjeta, despertando sentimientos románticos de elevada conciencia a diestro y siniestro, reclamando incluso mediante plataformas la concesión de un indulto.
No está tan de acuerdo la Audiencia Nacional con que Alejandro Fernández —que así se llama el protagonista—, se vaya a la trena por ser inocente, argumentando que actuó a sabiendas del uso indebido de una tarjeta de crédito, que estaba llevando a cabo un fraude, y que se había juntado con una camarilla de delincuentes para beneficiarse, razón por la que la magistratura lo condenó a seis años por pertenencia a banda organizada y estafa (cuatro y dos). A lo sumo lo que Alejandro ha podido alegar es que lo trincaron justo en el momento en el que hasta entonces sólo había conseguido apropiarse de 79 euros, mientras dos de sus compañeros de faena, marroquí uno y senegalés el otro, ya habían logrado sablear la cifra de 600 y 30.000 euros respectivamente. La intervención de un guarda jurado que sospechó de ellos puso fin al desvalijamiento, dándose a la fuga en un taxi cuando los agentes del orden localizaron el automóvil en donde viajaban, actitud que según el juez no comparte quien nada busca ocultar.
Y pese a que durante el juicio proclamó el penado de marras su más absoluta inocencia, la Audiencia Nacional se pregunta qué punto alcazaba su ingenuidad cuando la tarjeta le cayó en la mano, llovida del cielo, para gastar a manos llenas en el centro comercial donde le dieron el alto en compañía de sus amigotes.
Luego de la sentencia se pospuso la ejecución de la condena en tanto solicitaba el perdón del cumplimiento de la pena. Pero la condición sine qua non para recibir esa gracia del Consejo de Ministros pasa por unos requisitos que el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional no apreció. Con tanta dilación, ahora que ya lo tenía pospuesto, le han obligado a entrar en la trena para reposar a la sombra seis años meditando si es justo el escarmiento o si ingresa en la escuela oficial de ladrones para graduarse en el oficio, ya que a lo que se ve, antes de entrar se lamentaba de haber sustraído apenas los manidos 79 euros, que sin duda parecen pocos sopesando delitos parejos.
Hasta aquí la crónica más ajustada a los hechos que la versión idílica del bandolero granadino que ha colapsado los corazones de tantos ciudadanos sedientos de la mayor justicia.
Dejando al margen la cuestión del indulto, cuya valoración compete a la cartera de Justicia, sólo hay un agravio en todo este lance, el simple aspecto de proporcionalidad. Rodrigo Rato ha sido imputado por el uso de las tarjetas black después de apoderarse de 99.000 euros, tras asociarse con ochenta y siete directivos y consejeros del PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, Patronal, Comisión de Control, Confederación de Cuadros y Unipyme, que llegaron a pulirse veintidós millones de euros de la extinta Caja Madrid, participando todos y cada uno por igual. El ex vicepresidente Rato actuó a sabiendas del uso indebido de una tarjeta de crédito, conociendo que estaba llevando a cabo un desfalco y que se había juntado con un conciliábulo para usarla, por todo lo que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años y medio. ¿Será verdad que la Justicia lleva la vista bien vendada, o estará asomando un ojo por debajo del parche por habérsele colado dentro la paja y la viga?
