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El ciudadano Raúl Masmer Luza se enfrenta a una multa de 6.000 euros, o en su defecto a una pena de privación de libertad de 3 años y 4 meses, a razón de 5 euros diarios, además de 5 años de cárcel por un delito electoral, al no personarse como sustituto del segundo vocal de la mesa electoral número dos, del distrito sexto del ayuntamiento de Mirabeles del Río. Aparte, claro, le toca pagar las costas del juicio, que es una pasta y, por si no bastara, le adeuda a su abogado y procurador una cifra oronda por la que anda medio escondido por la calle, como Mortadelo y Filemón cuando intuyen a su sastre del otro lado de la esquina de la bocacalle.

 A Raúl, su jefe lo mandó a hacer encaje de bolillos por ausentarse con tanta frecuencia de su puesto de mamporrero en la unidad de cría de caballar autóctono, consecuencia de tanto presentarse en la Audiencia Provincial a declarar, mes sí y mes también, para ratificarse por enésima vez en su declaración de que el día de autos, coincidiendo con el de las elecciones generales, le dio una cagalera de mil pares de criadillas que lo sentó durante 12 horas seguidas en el váter, sin que el flujo intestinal le permitiera abandonar el trono ni para acercarse a un centro de salud en donde le extendieran un justificante.

El bueno de Raúl Masmer Luza, sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana se ha encontrado en el paro, juzgado, sentenciado, arruinado y excluido de una sociedad, antes comprometida con su seguridad, y seguramente abocado a subsistir en el futuro con una pensión no contributiva.

A Joaquín Torra i Pla, por el contrario, las cosas le han salido a pedir de boca. Cuando era un simple candidato contravino una orden de la Junta Electoral Central. Las elecciones lo colocaron como presidente de la Generalidad y acto seguido lo juzgaron. Claro que al ser cargo electo no tuvo que costear representación legal ya que se encargó de ello la abogacía de la Administración. Por lo mismo se sacude las costas claro y, aunque lo condenaron a inhabilitación un año y medio por un delito electoral, cobrará 122.400 euros los próximos 14 meses. Además, desde ya, contará con una oficina de exhonorable en el edificio Solterra, del s. XV, sede de Cultura, a la que se suman el gasto de tres asistentes y una asignación mensual de 10.200 euros durante los próximos 4 años. A esto se añade que a partir de los 65 años percibirá una pensión vitalicia de 92.000 euros anuales, y toda esta bicoca paradójicamente será a costa del erario público español, ese que tanto le estorba.

Y mientras este y otros despropósitos medran, el respetable asiste resignado al desfile de urgencias que se propone el Gobierno, sin que nadie ponga freno a tanta inquina. Estas son las cosas que la mayoría de los españoles esperan que solvente el Ejecutivo. El asunto tiene tomates porque mientras esta tomadura de pelo ofende -o al menos debería- a cualquier demócrata, el presidente y su siniestro amigo andan enzarzados en otros menesteres, no más banales pero si menos apremiantes, como renovar el Consejo General del Poder Judicial, a riesgo de pervertir la separación de poderes. Prisa que sólo se justifica por la intención de controlar la Judicatura o para eximir a algún ministro y compañía de sus responsabilidades.

Con la que está cayendo, y considerando la necesidad y obligación inexcusable de utilizar mascarilla, el águila bicéfala de Moncloa grava a los sufridos ciudadanos con un IVA del 21%, mientras observan con rabia que en Portugal la tasa impositiva es del 4%, o nula en países como Holanda. Con los docentes estresados por exponerse a diario a un contagio masivo y en riesgo de transmisión exponencial, en lugar de dulcificar tanto sufrimiento con medios, la ministra Celáa se laza a derogar la Lomce -que nunca entró en vigor-, pretendiendo modificar la LOE, aprobada por el propio PSOE, excluyendo a la comunidad educativa del debate. En esto y otras cosas empelan su tiempo para capitalizar los votos de los más jóvenes, sin solucionar lo que realmente importa como el paro, la crisis o la pandemia. Claro que es más juicioso para los políticos preocuparse por las cárceles que por los colegios, a fin de cuentas a la escuela ninguno va a volver.