Vaya por delante que cuando el río suena es porque no estamos sordos. Una afirmación tan a tener en cuenta como las descripciones completas, para no llamarse a engaño. Así, en los medios se ha hecho notoria una disciplina de ciencias sociales conocida como politología, a la que de un tiempo a esta parte pertenecen un buen plantel de políticos, cosa que al público en general le parece acertado para quien quiere dedicarse a la vida política.
Si embargo no hay nada más lejos de la realidad. Por lo general, compatibilizar ciencia política con política es como intentar mezclar agua y aceite ya que, mientras la primera estudia la política, la otra intenta aplicarla, con el matiz de que, al igual que el resto de las ciencias sociales, la política también se rige por leyes ceteris paribus.
Partiendo de la base de que una ley se define como un principio inmutable que se repite siempre, el latinajo ceteris paribus significa que, lejos de gobernarse por una ley, un principio o fenómeno se rige por una serie de condicionantes. Es decir, que si usted va a cruzar una calle, calza chanclas, viste un pantalón rojo y en el momento de bajarse de la acera se le posa una mosca en la oreja, es probable que aterrice en el suelo, pero si cambia una sola de las premisas, como por ejemplo calzar unas botas camperas, es improbable que patine. Esta característica es la que determina la poca efectividad a la hora de predecir un resultado electoral o una crisis económica, y es que a la postre, la previsión en Ciencias Sociales tiene la misma fiabilidad que el vaticinio de la Bruja Lola.
No obstante, si hay algo necesario para entender el entrono y contexto es poner cara y nombre a las cosas. Ana Pontón, por ejemplo, se licenció en Ciencias Políticas y de la Administración, lo que aporta una nueva dimensión a sus afirmaciones. Entre otras, que tiene la obligación de conocer cómo funciona la Administración. Eso significa que sabe a carta cabal que la Xunta se guía por un presupuesto como el resto de gobiernos, cuyas partidas no pueden asignarse a un fin distinto al que están destinadas ya que hacerlo constituiría un delito de malversación. De ahí que extrañe la propuesta de la dirigente nacionalista al arrostrar al PP que no destine 300 euros a autónomos y empresas, a sabiendas que eso no sería legal.
Pero lo lamentable de los 300 euros es que se ha convertido ya en un mantra de distintos partidos, como mecanismo subliminal para comprar votos con dinero público. Partiendo de que para poder invertir 2 euros el Estado debe recaudar antes 10, hágase la cuenta de la carga impositiva para poder “regalar” esos 300 euros. Lo único cierto es que ese tipo de subvenciones —al final siempre condicionada a una gincana de requisitos que la mayoría no logra cumplir—, acaba lastrando al beneficiario porque se considera un incremento numerario a la hora de tributar, por lo que hay que devolverlos a Hacienda duplicados o triplicados. Es decir, que en un análisis somero, 300 euros de subvención no cambia en nada la situación económica a ningún autónomo ni empresa, que por lo demás no precisan ningún tipo de limosna, obtenida, no del bolsillo del político, sino de la carga impositiva de su propia actividad empresarial.
Un país no puede funcionar a base de subvencionismo. El ejemplo más claro fue la desintegración de la Unión Soviética, ante la imposibilidad de gastar más que lo que recaudaba. Esta es la lección que deberían tener los representantes públicos, al igual que los aspirantes a gobernar. Los autónomos y empresarios no necesitan ni quieren caridad. Lo que los gobiernos deben hacer es crear las condiciones idóneas para que la actividad mercantil e industrial prospere, desarrollando y aplicando normas que estimulen la inversión en lugar de ahuyentarla, como está consiguiendo la ministra de Trabajo que sigue ignorando dos principios esenciales. El primero, que Estado no es mercado, y el segundo que la empresa no es una ubre inagotable ordeñable hasta la eternidad. El modelo de que el trabajador tenga que ganar tanto como el empresario sólo genera el cierre de la actividad y la deslocalización hacia países más receptivos y flexibles. A no ser que Yolanda Díaz vaya a ser la nueva empresaria que aglutine toda la fuerza laboral del país, claro.
