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Sin duda una de las cuestiones que siempre ha preocupado más al Poder es el control informativo. A nadie se le escapa la sintonía que existe, por ejemplo, entre las cadenas autonómicas y el color del Gobierno de turno, aunque el actual caballo de batalla son las redes sociales.

Internet es bastante más antiguo de lo que muchos puedan pensar. De hecho, nació como un proyecto militar que permitiera el intercambio de información entre distintos puntos en caso de que los medios tradicionales fallaran. La Guerra Fría fue el lecho donde medró, al amparo de una estrategia frecuentemente usada en Estados Unidos por distintos investigadores, a quienes les basta invocar que su proyecto se relaciona con la seguridad nacional para disponer de fondos ingentes para financiarse.

Pero lo que de ningún modo llegó nadie a sospechar sería las posibilidades que aportarían las redes sociales al común de los mortales, un hito tecnológico que permite a cada ciudadano opinar, difundir, convocar y, en definitiva, comunicar de manera independiente y sin limites espaciales. Por supuesto que el punto de mira del poder se volvió hacia este muevo ingenio con la voluntad de controlarlo.

El primer intento vino de la mano de instituciones públicas y privadas que buscaban filtrar la información relativa a temas de salud, bloqueando aquellas páginas que no se correspondían con los parámetros oficiales. Después vendría el sistema de etiquetado para diferenciar a los medios de comunicación reconocidos de aquellos no aceptados por las plataformas, con el fin de erradicar las noticias falsas. Esta vuelta de rosca a la libertad de expresión ha permitido que las empresas privadas que explotan las redes sean las que detenten la capacidad decisoria acerca de los que se acepta como medio de comunicación legítimo o no, según criterios excluyentes, cribando la información que consideran que pueda entregarse al público.

Pero la última maniobra orquestada desde la Comisión Permanente del Congreso pone la guinda en el pastel, el decretazo digital, que permite intervenir la red a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos. De este modo el Gobierno, que anteriormente disfrutaba de la prerrogativa de cerrar páginas web ante la sospecha de delitos, y mediando siempre una orden judicial, ahora se atribuye arbitrariamente unas competencias que superan los límites constitucionales relativos a las garantías procesales y la libertad de expresión.

Alguno se preguntará como es posible que este texto se haya aprobado sin que ningún partido haya puesto el grito en el cielo. La explicación es obvia: para aprobar los Presupuesto Generales del Estado o leyes sociales, no hay manera de poner de acuerdo a las formaciones políticas, pero para limitar los derechos ciudadanos, como es el caso, el PSOE contó a la primera con la colaboración del PP y Cs, es de suponer que porque tarde o temprano ellos también harán un uso espurio de esta norma.

En boca de la Ministra Calviño, la aprobación de esta ley se fundamenta en que "la hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas. Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico Este, y no otro, es el objetivo que persigue el Real Decreto Ley. Se trata de una norma urgente dada la situación política actual". Pero la realidad es mucho más lacónica: las estructuras críticas no están al alcance de los ciudadanos, ni los espías van a perder el tiempo buscando información entre lo que millones de particulares vuelquen en internet. No es otra cosa que la mala costumbre de limitar al ciudadano en lugar de darle medios para protegerse, porque los problemas no se solucionan acotando los derechos, como dijo el filósofo alemán Hegel, la limitación de la libertad es inaceptable en el orden moral.