A estas alturas cabe preguntarse por la urgencia de Rajoy en modificar el Tribunal Constitucional, un cambio que trasluce algo que va mucho más allá del uso perverso de las instituciones públicas, y que afecta directamente a la integridad de la más alta instancia judicial española. Permitir que el Alto tribunal pueda o deba, multar u ordenar algún tipo de acción más allá del dictamen relativo a la constitucionalidad de cualquier caso presentado, supone transformarlo en una corte penal ordinaria, desvirtuando por completo su función, y condenándolo a convertirse, por un lado en la audiencia más sobresaturada por una suma e inimaginable feria de pleitos, y por el otro en la llave para dar una nueva vuelta de tuerca que permita una mayor influencia del Gobierno sobre el Poder Judicial.
Del análisis de la propuesta popular subyace el interés bastante discutible de seguir alimentando la llama que busca polarizar a la sociedad española sobre un tema, la independencia de Cataluña, que no le importa en igual medida a todos los ciudadanos, pero que sirve como discurso para distraer la atención de demasiadas cuestiones de trascendencia incuestionable. En pleno período preelectoral, la cuestión catalana es un inmejorable foco de atención para sustraerse a los compromisos incumplidos por el Ejecutivo a lo largo de la legislatura, o del maquillaje de cifras de la cosa pública, que de otro modo puede estallarle a la cúpula del partido en la cara en plena campaña.
El Presidente del Gobierno nacional le ha sacado buenos réditos a la situación. De haber tenido verdadero interés en encontrar una solución habría articulado la reforma del Constitucional de una manera más previsora y menos atropellada. Si hubiese primado la voluntad de entendimiento, en lugar de pasarse cuatro años diciendo que ésa es una decisión que afecta a todo el electorado, habría convocado el referéndum que contempla la Constitución para este tipo de casos, permitiendo que el pueblo español se pronunciase zanjando el asunto una vez por todas, y dejando de marear la perdiz.
Artur Mas no sale mejor parado, habiéndole sacado idéntico provecho a su empecinada posición. Con unos recursos económicos nulos y una administración extenuada, el President de la Generalitat se ha posicionado con el mismo interés espurio de despistar los pobres o inexistentes resultados de su gestión al frente del gobierno autónomo. Obviando que, según fuentes de la Generalitat, a su consulta alternativa apenas concurrió un 33% de los convocados, por lo que en términos absolutos sólo el 26,92% de los electores se manifestaron a favor de la independencia, cifra que se aparta ostensiblemente de la mayoría de catalanes.
Con un discurso en su etapa política anterior mucho más comedido, Mas ha derivado en una postura fundamentalisata, buscando un golpe de efecto que no le hubiera permitido la moderación. Con un mandato mediocre que lo apartaría de la vida pública como a cualquier otro político desgastado, obteniendo apenas como recompensa el olvido de unos y el rechazo de otros, con su posición cerril se asegura la veneración de los independentistas, elevándose al altar de los mártires de la causa: odiado por unos sí, pero aclamado para la posteridad por otros también. Seguro que incluso acabarán poniéndole su nombre a alguna escuela, plaza o calle. Ambos, Mas y Rajoy, desde sus respectivas torres de marfil, siguen a lo suyo. Al menos mientras el chollo les dure.
