Primero obtuvo la absolución tras ser imputado en tres ocasiones intentando retorcer el sumario del caso Gürtel. Igual suerte corrió en el caso Fórmula 1, y ahora, el último caballo de batalla de Francisco Camps tras su imputación en el caso de la visita del papa a Valencia, pone en evidencia dos cuestiones. Por un lado que el ex President de la Comunidad Valenciana fue obligado a dimitir privándolo de su derecho de presunción de inocencia, sin que nadie -políticos ni medios- hayan entonado el mea culpa y pedido perdón por las tropelías sufridas, y por otro lado que la Justicia puede parecer lenta pero siempre prevalece. Esto se refuerza por la cantidad de cargos de todos los partidos condenados en firme por distintos delitos, pero también por el reguero de libre designados vilipendiados, con una carrera injustamente truncada, y señalados de por vida pese al pronunciamiento manifiesto de los jueces revalidando su inocencia.
Aunque las sentencias no siempre contentan a todos ya que, mientras la Justicia procura castigar los delitos ejerciendo un papel coercitivo, lo que otros buscan es un baño de sangre, prejuzgar, hacer sentencias paralelas y vomitar la mala baba que los corroe por el trauma provocado por haberse metido el chupete por un agujero de la nariz en vez de por la boca, o simplemente con más frecuencia, por que el dictamen judicial choca con sus intereses o simpatías políticas. Para muestra los que se rasgaron las vestiduras porque la infanta Cristina no acabó en el caldero tras ser imputada, juzgada y sentenciada -evidenciando que todos son iguales ante la Ley-, a quien hubieran dilapidado de buena gana aunque, como luego se demostró, fuera declarada inocente, igual que el 80% de los imputados por todos los delitos y estratos sociales en este país.
E aquí la lucha intestina en Moncloa, con un Gobierno dividido, empeñado en parte en convertir al Congreso en una extensión del Ministerio de Justicia o quién sabe si en la versión macabra del circo romano, buscando sacrificar en la misma función a oponentes, próceres o ciudadanos. De ahí el renovado interés en hacer desfilar por el Congreso a todo aquel a quien los jueces no regalan con el parecer apetecido, sea diputado, actor o mismo rey, ya sea en ejercicio o emérito. Y todo eso blasfemando contra el Pueblo, ensuciando y manipulando, pretendiendo convencer al respetable que lo mismo es una tarjeta black que una facilitada por un particular, que no tiene ningún coste, ni para la ciudadanía ni para el Estado. Recapitulemos: nadie habría aceptado que el emérito, siendo rey, hubiera viajado a costa del erario público para una delegación de empresas privadas, por mucho que beneficiaran a la economía española. Todo el mundo asume que son gastos que deben pagar sus consejos de administración. Por descontado, a sabiendas del Gobierno y el CNI, que controlan, supervisan y autorizan, al ser los únicos responsables, de cada movimiento que haga el monarca, quien carece de libertad para actuar por libre.
Y este es el fondo la cuestión, la transversalidad, aquello que concierne a diversas esferas y no sólo a una cuestión específica. Al mandar en el Ministerio de Justicia pero no en los jueces, excluidos de controlar al Consejo General del Poder Judicial y saltándose a los magistrados, el subgobierno de Podemos pretende encausar al emérito y a la oposición instrumentalizando al Congreso, no en aras de la transparencia, la verdad y el bien patrio -para lo que debería investigarse también a Echenique y la financiación de Podemos-, sino para arrasar con la oposición en su carrera hacia el pensamiento único bajo la égida de un partido único, es decir, la dictadura podemita.
La hoja de ruta ya está trazada. En lugar de dignificar a los perjudicados por la crisis y la pandemia creando las condiciones necesarias para que todos puedan sostenerse, el gobierno favorece la limosna, consciente de que un pueblo subsidiado es un pueblo esclavo. Ya hace un año que, en lugar de dar luz y enriquecer el debate democrático, Pablo Iglesias amenaza con corromper la democracia aglutinando los tres poderes. No, no ya el ejecutivo, legislativo y judicial, sino el económico, el político y el mediático. Y es que más que nunca se revalida que el Congreso se ha convertido en un circo en el que los leones están fuera y los payasos en el interior.
