Mariano Rajoy no se ha amilanado ante el desafío de los independentistas. En esta ocasión, con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición, ha ejercido su autoridad para imponer el respeto a las leyes y a la Constitución, que es lo que debe hacer un presidente de gobierno. España está viviendo la situación más tensa desde que se inició la Transición y los independentistas no pueden ganar esa batalla porque, sencillamente, eso significaría el fin de España como nación.
Dice Puigdemont que el gobierno ha suspendido de facto la autonomía. No lo ha hecho, sino que ha asumido las funciones que garantizan que en esa parte de España se respetan las leyes y se salvaguarda a la multitud de catalanes que no quieren dejar de ser españoles y no se atreven a expresar públicamente su pensamiento, ni salir a la calle, por temor a las descalificaciones personales y agresiones verbales que son habituales estos días, y que pueden acabar en agresiones físicas.
La guardia civil y la policía trabajan para impedir que se produzcan disturbios, aparte de realizar las investigaciones que les encargan los jueces para localizar a quienes se alinean al margen de la legalidad. Situación distinta es la de los Mossos, con una tibieza impropia de un cuerpo que debe garantizar el cumplimiento de las leyes.
Sin embargo no es fácil el trabajo de quienes defienden el Estado de Derecho, porque los rebeldes se han hecho con la calle, Puigdemont y Junqueras se han convertido en dos provocadores natos, Colau clama por el referéndum con su verbo más adusto y hasta el Barça ha sacado la cabeza para mostrar su espíritu independentista y colaborar en la sublevación antiespañola de sus socios y seguidores.
Pablo Iglesias dice que en España hay presos políticos, y si no fuera una declaración esperpéntica, habría que felicitarse de esa afirmación malhadada, porque constituiría ya la prueba irrefutable, para quienes tenían al líder de Podemos por demócrata, de que ese personaje no tiene noción del deber de respetar la ley y la Constitución. Por no hablar de que es el único dirigente político español que no debería mencionar el tema de los presos políticos, no vaya a ser que alguien le saque la lista de los centenares que sufren encierro en las cárceles de Maduro.
Los independentistas amenazan, coaccionan, insultan y muestran su agresividad sin límite. El gobierno ha reaccionado dando prioridad a la Constitución y para ello ha desmantelado, sin complejos, la estructura ilegal creada por Puigdemont y Junqueras para poner en marcha una consulta que de ninguna manera puede ni debe celebrarse.
¿Ha ido excesivamente lejos Rajoy en su respuesta? Habrá quien lo crea, pero hay que recordar que se trata de una respuesta: son ellos, los independentistas, quienes con su rebeldía han obligado a intervenir a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Faltaría más que todo el mundo se quedara de brazos cruzados ante un golpe de Estado.
