Opinión

los intocables

El ministro de Interior ha fulminado al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Las primeras versiones, procedentes de la propia Guardia Civil, afirmaban que el cese estaba relacionado con los escraches ante el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero; posteriormente, desde Interior se explicaba que la falta de confianza se debía a que el comisario jefe de la Guardia Civil de Madrid no había informado a sus superiores sobre la investigación que estaba llevando sobre las consecuencias de la manifestación del 8-M. Según diversas autoridades médicas, foco de infección del coronavirus, permitida por el gobierno y sobre la que el epidemiólogo Simón había declarado que si su hijo le consultaba sobre su asistencia, le respondería que fuera.

La investigación sobre esa manifestación la llevaba la Guardia Civil a instancias de la juez que lleva la causa abierta por una denuncia contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La propia juez exigió absoluta confidencialidad sobre las investigaciones, y el cuerpo armado la mantuvo, lo que al parecer es lo que ha provocado la pérdida de confianza hacia el comisario jefe madrileño y su cese fulminante.

Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, no tiene nada que ver con el juez Grande Marlaska que se ganó durante años el respeto de millones de españoles por no someterse a actuaciones que iban contra sus principios. Un juez, o exjuez, que sin ninguna duda sabe que la policía judicial responde ante el juez que le ha encargado determinadas investigaciones. Sea esa la causa real de lo que Interior llama “pérdida de confianza” hacia el coronel Pérez de los Cobos, o las caceroladas y gritos que se han producido ante el polémico chalet de Galapagar, lo que sí queda manifiestamente claro es que tanto Pablo Iglesias como Fernando Simón son intocables.

Ningún coronel o comisario de policía ha sido cesado por llevar investigaciones secretas sobre un miembro del gobierno a instancias de un juez, y tampoco un coronel de la Guardia Civil o comisario de la Policía ha sido cesado por supuesta incapacidad de sus respectivos subordinados para impedir un escrache, y eso que ha habido muchos, bastante más graves que el sufrido por la pareja de Galapagar. Desde ministros de otros gobiernos hasta el sufrido por la máxima dirigente socialista del País Vasco, Idoia Mendía, cuyo portal fue asaltado hace unos días por miembros de la izquierda abertzale que arrojaron botes de pintura roja y pasquines amenazantes. 

Harán falta explicaciones muy convincentes para justificar el cese de un coronel de la Guardia Civil de brillante hoja de servicios en la lucha contra ETA. Que sus subordinados guarden el secreto que exige una juez, o que se produzcan caceroladas ante el chalet de un miembro del gobierno -lo que provocó cierre de calles para que no se repitieran, por cierto- no son razones de peso. Ni de lejos.

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