Hace doce años, el entonces senador y tesorero del PP Luis Bárcenas fue imputado por cobros de la llamada “trama Gürtel”, pagos al PP a cambio de adjudicaciones de obras, con implicados entre los que había dirigentes nacionales del PP y alcaldes de pueblos madrileños. Bárcenas renunció a su escaño en el Senado, dejó de ser aforado y pasó a depender del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que archivó la causa.
Bárcenas, un hombre importante del PP que se movía en la sombra, desde el primer momento que se vio en dificultades, empezó a contactar con periodistas a través de intermediarios, a los que contaba su versión de lo ocurrido.
A esta periodista, con un abogado amigo común como enlace entre los dos, la citó en la cafetería-biblioteca de un hotel madrileño. Nunca había visto a Bárcenas ni tampoco conocía su cara pues era en el inicio del enredo y todavía no se había publicado su fotografía. En el hotel, una montaña de papeles ocupaba casi toda una mesa y Bárcenas los fue enseñando de uno en uno para demostrar que las cuentas del PP eran claras, sin pagos ilegales de sobresueldos como apuntaban ya algunos medios de información.
El dinero de sus cuentas millonarias en Suiza, explicó, correspondían a su negocio de compra y venta de obras de arte.
Con el transcurso de las semanas aparecían cada vez más filtraciones que complicaban la situación del tesorero y de su partido. Se publicó una lista manuscrita con los sobresueldos que Bárcenas y el anterior tesorero Álvaro Lapuerta entregaban a dirigentes del PP, y la exministra Ana Palacio presentó una querella al demostrar que se encontraba fuera de España la fecha en la que supuestamente recibió su sobresueldo, en mano, en la sede de Génova.
Nuevas versiones aseguraban que Bárcenas no elaboró esa lista, después que sí, que era su letra, y una tercera que dispuesto ya a defenderse con un buen ataque, que la lista la hizo recurriendo a su memoria. Llegó un momento en el que ya no se distinguía la verdad de la mentira, se sucedían las informaciones y contrainformaciones … y las actuaciones judiciales.
En primavera de 2013, con el PP ya en el gobierno, Bárcenas ingresó en prisión porque el juez Ruz determinó que existía riesgo de fuga. Apenas un mes más tarde, desde el círculo de Bárcenas se filtró el mensaje que le envió Mariano Rajoy, no solo “jefe” de Bárcenas como líder del PP sino también amigo personal del extesorero y de su mujer, Rosalía.. “Luis, sé fuerte” se ha convertido en la frase con la que la oposición bombardea a Rajoy en sus años de presidente de gobierno, y una vez que lo pierde cuando Pedro Sánchez presenta una moción de censura en cuanto conoce la sentencia de la Audiencia Nacional que asume que en el PP hay corrupción asociada a la financiación ilegal del partido. Dos años más tarde el Tribunal Supremo alivia en algo esa sentencia de la AN al no considerar probada la existencia de una caja B en el partido, lo que Rajoy considera un “respaldo moral” a la posición que siempre defendió: que si había caja B, él nunca tuvo conocimiento de esa ilegalidad.
La vieja trituradora
Desde su ingreso en prisión Bárcenas ha basado su defensa en el ataque al partido del que formó parte hasta el caso Gürtel. Y esos ataques han arreciado meses atrás a raíz de la condena a su mujer, Rosalía, a 13 años de prisión. Siempre pensó que nunca se produciría el ingreso en prisión de su mujer, pero sus esperanzas fueron vanas: el pasado mes de noviembre Rosalía se presentaba ante la puerta de la cárcel de Alcalá acompañada de su hijo. A partir de ese momento Bárcenas ya no cejó en su empeño de “tirar de la manta” y que pagaran sus antiguos compañeros de partido, que lo habían dejado “tirado”.
La semana próxima debe comparecer nuevamente ante un tribunal para responder de tres causas relacionadas con la presunta corrupción del PP: el encargo de la remodelación de la sede del partido a una constructora que había colaborado en la financiación del PP, la compra de acciones de “Libertad Digital” para ayudar financieramente a un medio de comunicación afín al PP, y el presunto fraude fiscal por no declarar a Hacienda las donaciones recibidas en el partido.
El pasado miércoles Luis Bárcenas envió un escrito a la Fiscalía e informaba que Rajoy sí conocía cómo se financiaba el partido y que en una ocasión le llevó a su despacho los documentos que acreditaban las irregularidades financieras. Nada más entregárselos, Rajoy los metió en la trituradora, pero Bárcenas, decía el escrito a la Fiscalía, había hecho copia de todos los papeles. No era un dato nuevo: eso mismo lo declaró al juez Ruz al mes de ingresar en prisión, en julio de 2013. Sin embargo ahora ha provocado los titulares que no provocó cuando Rajoy era todavía presidente del gobierno. El caso Bárcenas se ha convertido en una pesadilla para Aznar, Rajoy y también Pablo Casado, aunque como explica Javier Maroto, al que Casado ha encargado que sea portavoz del partido para este nuevo frente que se le ha abierto, nadie de la actual dirección del PP está imputado y además una de las razones por las que Casado ganó las primarias fue por defender la bandera de la lucha contra la corrupción. La pesadilla de los tres dirigentes no se centran en los llamados sobresueldos, que en realidad serían complementos salariales. No son ilegales siempre que se hayan declarado a Hacienda como ingresos. El asunto más grave es el de las donaciones.
España funcionó sin una ley de financiación de partidos políticos hasta julio de 2007, ley orgánica que fue potenciada posteriormente en el 2015, en tiempos de Mariano Rajoy, para garantizar aún más el control de las finanzas de los partidos. Hasta entonces, eran habituales las donaciones, no solo en el PP sino en la práctica totalidad de los partidos, porque no era ilegal. Grandes empresarios hacían donaciones y lo reconocían abiertamente, aunque aseguraban que lo hacían de forma desinteresada, no para conseguir adjudicaciones de grandes obras, porque como decía uno de esos “grandes” era impensable que no hubiera adjudicaciones para las empresas más importantes de España: en muchas ocasiones eran las únicas que contaban con los medios adecuados para realizar las obras de mayor envergadura.
Sí era más habitual en cambio que las donaciones a cambio de adjudicaciones se dieran en medianos y pequeños municipios, lo que sí era delictivo porque la donación se convertía en cohecho. Que es precisamente lo que ahora está por dilucidar. Si las donaciones que se hicieron cuando eran legales eran “finalistas”, tenían el objetivo de conseguir contratos públicos. Entre las donaciones algunos juristas incluyen las condonaciones de deuda que han hecho importantes bancos a los partidos. El objetivo y destino de las donaciones centran las investigaciones sobre la presunta corrupción en el PP y, que se sepa, hasta ahora hay un caso presentado recientemente por la Udef, con pruebas de la relación directa de una empresa de construcción con una obra menor. En la mayoría de los casos –aunque la semana que viene se verá lo ocurrido con la remodelación de la sede nacional del partido- no se han encontrado las pruebas que demostrarían que se trataba de cohechos.
