Hace pocos días, el Consejo General de Enfermería presentó una querella ante el Tribunal Supremo por imprudencia grave con resultado de muerte, y en el mismo sentido ha presentado también querella la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que ha ampliado la querella a un delito contra la seguridad de los trabajadores. El presidente del Consejo de Enfermería declaró además que el 21 de febrero recibió una llamada de Sanidad para que suspendiera todos los congresos y actos programados, mientras que el Gobierno no desautorizó otros congresos y actos y además respaldó la manifestación del 8 de marzo.
En el plano político, Vox presentó el pasado lunes varias querellas contra el gobierno en el Tribunal Supremo -los miembros del Gobierno son aforados y por tanto es el Supremo el que debe juzgarlos- entre ellas una similar a las de los sanitarios, imprudencia grave con resultado de muerte y, aunque existe mucha rumorología respecto a las intenciones del Partido Popular, hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión en el plano judicial, aunque Pablo Casado y distintos dirigentes del partido, cuando se les ha preguntado sobre sus intenciones respecto a querellas contra el Gobierno han respondido de forma unánime que lo que exige la situación actual es colaborar en la medida de sus posibilidades para superar esta crisis, sin renunciar a ejercer como principal partido de la oposición, pero añaden que “una vez superada llegará el momento de exigir responsabilidades”.
De la misma manera que Pablo Casado ha creado un equipo económico para hacer propuestas económicas en un momento tan grave como el que se está viviendo, un equipo que refuerza el gabinete económico actual con ex ministros y asesores que trabajaron para Aznar y Rajoy, también se ha creado en Génova un equipo jurídico al mando de Enrique López. Se trata de un juez con larga trayectoria profesional que ejercía su labor en la Audiencia Nacional hasta que Isabel Díaz Ayuso le ofreció ser Consejero de Justicia e Interior del gobierno de Madrid . Anteriormente había sido miembro y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, y miembro del Tribunal Constitucional. Siempre ligado al PP, sigue muy de cerca la actualidad política.
Los ojos están puestos días en la Fiscalía que como entidad cuya función es la protección de los ciudadanos, sobre todo a los colectivos más vulnerables. No ha iniciado actuaciones políticas, pero sí de defensa de los derechos ciudadanos: 126 en toda España, todas ellas por lo civil, y se han abierto 82 diligencias más por lo penal, la mayoría de ellos relacionadas con fallecimientos en residencias y con el riesgo sufrido por cuidadores y sanitarios por falta de medios de protección para realizar su trabajo.
Todas las personas consultadas hasta ahora coinciden en que las querellas que previsiblemente se presenten contra el Ejecutivo se circunscribirán al ámbito penal, y de hecho así ha sido en las conocidas hasta ahora. El Tribunal Supremo, una vez recibida una querella, designa un magistrado instructor, que envía a la Fiscalía el resultado de sus investigaciones y nombre un fiscal.
EL PAPEL DE DOLORES DELGADO
Una querella contra el Gobierno tiene una connotación política tan clara que con toda seguridad será analizada por la Junta de Fiscales. Una Junta que habitualmente se siente incómoda cuando debe tomar posición ante un caso que afecta de forma directa a partidos y dirigentes políticos y, en este caso, a la vista de las querellas presentadas hasta ahora, podría afectar a la propia continuidad del Gobierno. Con un ingrediente añadido: la Fiscal General del Estado, que por su cargo preside la Junta de Fiscales, ha sido ministra de Justicia de este Gobierno y prometió inhibirse en asuntos en los que se pudiera poner en duda su imparcialidad, y es seguro que la Junta sería presidida por el teniente fiscal.
María Dolores Delgado por otra parte, según varios fiscales consultados, alguno de ellos muy crítico con su nombramiento, admiten sin embargo que desde que asumió su cargo está teniendo especial cuidado en ejercer sus responsabilidades con un cuidado exquisito. Uno de los fiscales decía abiertamente que “es consciente de que tiene que blanquear su figura, y si llegara una querella contra el Gobierno actuaría con la ejemplaridad a la que obliga su cargo”. Otro afirmaba que “Está haciendo un gran esfuerzo por ser nuevamente Lola Delgado, una fiscal que tenía sus cosas como tenemos todos, pero que fue una buena profesional”.
Algún fiscal sin embargo sí muestra más reticencias ante el presidente de la Sala Segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, uno de los magistrados de mayor prestigio pero cuya imagen profesional ha sido muy criticada por sectores profesionales, incluso progresistas, cuando en el juicio a los independentistas catalanes abrazó la posición de la Abogacía General del Estado, obligada a asumir la posición del Gobierno, que rebajó el delito de rebelión al de sedición.
Los ojos están centrados en el Partido Popular, que hasta ahora no ha mostrado sus cartas como sí ha hecho Vox. Y tiene cartas, aunque las jugará en el momento oportuno como hemos señalado.
La posición oficial es que en el plano penal hay una gran variedad de actuaciones que pueden ser delictivas, desde el reparto de las mascarillas y material para los test defectuosos, hasta la falta de seguridad para los sanitarios, no atender las indicaciones de la Unión Europea y la OMS para suspender los actos masivos, la no actuación de la Fiscalía ante los actos de odio contra el Ejército o la Guardia Civil… El PP tiene pruebas de que desde primeros de marzo el Gobierno ya conocía, con datos, que el coronavirus ya era presente en España. Las palabras “homicidio imprudente” las pronuncia abiertamente uno de los miembros del equipo jurídico del partido.
Sin embargo, quieren amarrar todo muy bien desde el punto de vista judicial antes de presentar una querella. No hacerlo así, podría producir una condena mínima, por un “delito no grave”. Recuerdan lo ocurrido con la colza, que se saldó con la condena a pagar a los afectados. “Lo que planteamos en el equipo jurídico es preparar las cosas muy bien, muy sólidamente. No disparar por disparar, como hace Vox”, afirman.
LES ECHARÁ LA ECONOMÍA
Pablo Casado, y así lo transmiten miembros de su equipo, incluido alguno que forma parte de la secretaría jurídica está convencido de que “el fin de este Gobierno no lo marcará el Supremo, sino la economía. Cuando se empiecen a bajar las pensiones y los sueldos de los funcionarios, no se pueda prolongar la renta mínima -que el PP está de acuerdo con ella en estos momentos, pero no puede ser perpetua-, se dispare el desempleo y sea imposible cumplir con todo lo que promete Pablo Iglesias, es cuando acabará el Gobierno de Pedro Sánchez. A Zapatero no lo echó la Justicia, sino la economía”.
