Lo había organizado con gran alarde, gobierno y figuras relevantes de la sociedad civil con especial atención a los relacionados con la economía; y una palabra de moda, resiliencia. El acto quedó esta semana empañado cuando en plena exposición del plan de reconstrucción que debe avalar la UE, llegó la noticia de que el juez García Castellón elevaba al Supremo el resultado de sus investigaciones sobre las andanzas del vicepresidente segundo del gobierno en el llamado “caso Dina”, el robo hace pocos años, o supuesto robo, del teléfono móvil a quien era entonces de sus colaboradoras, Dina Bussenhalm, García Castellón veía la comisión de tres delitos, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito, y revelación de secretos con agravante de género.
No era difícil adivinar lo inmediato: Pablo Casado exigía el cese fulminante de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno y Podemos arremetía contra el juez García Castellón. Tampoco era difícil saber que a Pedro Sánchez le es igual lo que digan los jueces aunque se le llena la boca con palabras en las que expresa su respeto a las decisiones judiciales. No es cierto, actúa en consecuencia solo cuando le favorecen. Ahora, si es otro partido el que tiene que vérselas con decisiones judiciales incómodas, es Sánchez el primero que exige que se cumpla el compromiso de sacar de en medio a quien la Justicia considera un personaje turbio. Ahí es implacable, como ocurrió cuando echó a Rajoy del gobierno a través de una moción de censura por supuesta corrupción… que posteriormente los jueces no vieron por ninguna parte.
La credibilidad del presidente sufría el miércoles un nuevo golpe. El primero, porque las cuentas públicas que presentó en ese acto tan milimétricamente preparado, no las asume ningún economista cualificado. El plan además debe ser aprobado previamente por la UE, que ve obstáculos no solo en el diseño de la política económica sino que empieza a considerar que el gobierno español sufre déficit democrático: en Bruselas ya se cruzan informaciones que recogen cómo pretende instrumentalizar la Justicia con una nueva fórmula de elección de miembros del CGPJ. Por otra parte, las promesas de Sánchez se basan en la recepción de los fondos europeos, pero ni hace mención a que parte de ellos hay que devolverlos y a que todavía se han aprobado por las instituciones europeas.
Pero lo que importa en este momento es la situación judicial de Pablo Iglesias. Sánchez era de los que clamaba por ceses fulminantes cuando alguien era imputado o se le iniciaba procedimiento judicial. Si no reacciona ante la exposición razonada de García Castellón quedará claro que el presidente de gobierno español interpreta las resoluciones judiciales según le convenga. Un escándalo más que profundiza en la pérdida de su credibilidad. Y de su moralidad.
