Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que la decisión del Tribunal Constitucional no tiene precedentes en la historia de la democracia española. Pero no cuenta que tampoco no hay precedentes de que un gobierno español haya puesto tanto empeño en hacerse con las instituciones del Estado colocando a sus afines en los cargos de mayor responsabilidad para garantizarse así el apoyo en asuntos polémicos.
La reacción del sanchismo ha sido absolutamente impropia de un gobierno que respeta las reglas de la democracia, y en algún caso ha estado muy cerca del desacato. Se ha visto a un portavoz parlamentario del partido de gobierno, a un ex portavoz del partido que gobierna, y a los portavoces de los partidos socios de gobierno, acusando de golpistas a los partidos de la oposición y lanzando veneno contra los “togados golpistas”. Actitud propia de dictadores bolivarianos, amigos del sanchismo, que suelen iniciar sus mandatos metiendo las manos en los organismos responsables de impartir justicia. Por eso hay que dar la bienvenida al mensaje que llega desde Bruselas: apoyo a la postura del Tribunal Constitucional y reflexión sobre la importancia de que en las reformas que se tomen se tenga el máximo respeto por los procedimientos para llevarlas a cabo.
Este asunto del TC no trataba de respaldar al PP o al gobierno, de dar la razón a un Feijóo que presentó el recurso, o dársela a Pedro Sánchez and Co., que pretendían cambiar las normas de elección de los miembros del TC y del CGPJ. De lo que iba era de que el gobierno y sus socios pretendían meter de clavo la aprobación de dos leyes orgánicas -que por su relevancia obligan a una mayoría cualificada para su aprobación- presentándolas como enmiendas a otra ley. Es decir, se trataba de un problema procedimental, no de contenido.
Sánchez, que según los suyos está preocupado por los sondeos aunque disimula, pretendía aprobar antes de fin de año todas las leyes polémicas que le exigían sus socios, y diseñar a su antojo el Tribunal Constitucional. Sabía que varias de las iniciativas levantarían ampollas, pero pensaba que en pocas semanas se olvidarían sus fechorías y un porcentaje alto de votantes aplaudiría con entusiasmo los anuncios que tenía en cartera, con generoso reparto de subvenciones y ayudas, aunque no salieran las cuentas.
Pero no le va a ser fácil que los españoles olviden: no respetar los procedimientos y gobernar más deprisa que las hojas del calendario, tiene consecuencias que pueden ser letales para quien pretende seguir con mando en plaza. Desde que se aprobó la ley del sí es sí, se ha rebajado la condena a casi un centenar de violadores, y varios han sido excarcelados. Y la rebaja del delito de malversación traerá imágenes inquietantes para cualquier político: también rebaja de condenas, y excarcelaciones, para nombres muy emblemáticos de la corrupción.
Eso pasa por no leer los informes de los órganos consultivos y por no aceptar los consejos de quienes saben de leyes.
