Hace más de una década que el sur de la provincia de Ourense funciona como un notable centro de distribución de ropa falsificada. Lo acreditan las sucesivas maniobras policiales que salpican las páginas de este periódico de forma constante. Ninguna alcanzó el volumen de la Operación Laico: en 2013, 99 personas fueron detenidas por toda la Península Ibérica y un millón de artículos fueron incautados dentro de una trama que tenía su epicentro en Xinzo de Limia. El jueves conocimos que finalmente solo seis del centenar de implicados serán juzgados. En la Audiencia se enfrentarán a cinco meses de prisión: el fiscal los acusa de un delito contra la propiedad industrial pero descarta el blanqueo y la organización criminal -como sí pedían las marcas personadas en la causa-. Llegaron a mover 235 toneladas de producto y generaron, según la policía, 5,5 millones de euros.
El contraste entre las apabullantes cifras de estas tramas y cómo se acaban desinflando los casos al llegar a los edificios judiciales es una peligrosa constante. El buen trabajo policial debe encontrar continuación para intentar frenar esta lacra, porque de lo contrario se generan situaciones como las que personaliza el eximán de Xinzo: considerado el líder visible de la Laico -los otros cinco imputados son parte de su familia-, esta será la tercera vez que se siente en el banquillo por este tipo de delito, por el que ya aceptó hace dos años 18 meses de cárcel. En su momento, las sombras sobre su figura, con episodios tan tristes como un asalto que sufrió en 2012 a su tienda para robarle ropa falsa y en el que fue agredido su hijo de 5 años, le distanciaron del núcleo de la comunidad musulmana de Xinzo, considerada un feliz ejemplo de integración.
Es necesario, decíamos, ir un paso más allá. Es cierto que estos casos de piratería son largos, voluminosos, internacionales -solo en la Laico fueron detenidos ciudadanos españoles, portugueses, marroquíes y senegaleses- y terminan trufados de recursos que retrasan la instrucción y acaban mermando las penas. Romper este círculo vicioso exige que la Justicia tenga a su alcance los recursos necesarios para actuar con toda la solvencia y rapidez. Solo así se podrá afrontar con garantías este reto y terminar de visibilizar los dañinos efectos del negocio de la falsificación de productos, que alcanza el 5% de todo el comercio de la UE, según datos de la OCDE mientras golpea con dureza a centenares de empresas y miles de comercios.
Este es un mercado ilegal repleto de larguísimos tentáculos, que aquí coge forma de estraperlo del siglo XXI: la mercancía se fabrica en talleres clandestinos de Portugal antes de pasar por los centros de distribución de la provincia, viaja por la A-52 -a través de empresas de transporte legales- y acaba en tiendas, mercadillos y calles de toda España. Una cadena que tiene en el lado fuerte del eslabón a los invisibles cerebros de las operaciones y, en el más débil, a los vendedores ambulantes, empujados por la precariedad o, en otras ocasiones, directamente por mafias que se aprovechan de su desamparo. Ante un extremo hay que pedir la máxima contundencia -policial y judicial- y ante el otro, toda la empatía y los resortes sociales de las administraciones públicas -activando, por ejemplo, políticas de empleo-. Y por supuesto, en el medio volvemos a estar los consumidores: es nuestra tarea reflexionar sobre dónde y cómo gastamos nuestro dinero, y qué consecuencias tiene comprar esos pantalones vaqueros falsificados.
