Opinión

El Gobierno defraudador

Es lógico que los independentistas pidan ahora al Gobierno no tener que pagar los 5,4 millones de euros malversados promocionando el “procés” fuera de España. ¿Quién no haría lo mismo? “O que non chora non mama” y los indultados poseen tiempo de sobra en su barra libre hasta las próximas elecciones generales para exigir amnistía, referéndum, relatores, cesión de infraestructuras, el dinero de Bruselas y hasta un ático con vistas a la Castellana.

En el bando monclovita, superados ya los últimos escrúpulos sobre tronzar leyes y hacer exactamente lo contrario a lo dicho hace solo unos meses -los cambios de opinión de Pedro Sánchez ya son un humillante “running gag”- es evidente que el último freno está en las barreras constitucionales. Si andan diseñando un sucedáneo de consulta y no pueden vender la versión original en favor de la concordia es porque la Constitución no lo permite y tampoco tienen mayoría suficiente para cambiarla. Si después de calificar José Luis Ábalos como “una piedra en el camino” la acción del Tribunal de Cuentas para recuperar este dinero malversado solo han podido arrinconar a la Abogacía del Estado es porque resiste la independencia institucional. Se lo recordó el propio Tribunal a Pedro Sánchez tras su torpe intento de deslegitimación: el socialista cuestionó este miércoles que una exministra de Aznar sea la que vaya a cerrar los expedientes sancionadores como presidenta de Cuentas, en un puesto elegido en 2012 para un período de nueve años a través de la mayoría cualificada de Congreso y Senado. “Es un anacronismo”, zanjó el mismo hombre que pasó a Dolores Delgado de ministra de Justicia a Fiscal General del Estado.

Bajo el fracaso del “procés” está un grupo de opresores de la burguesía catalana haciéndose pasar por oprimidos ante una sociedad española tachada de fascista por reclamar el cumplimiento de la ley. Pero cogiendo las últimas palabras de Miquel Iceta, lo más insoportable es imaginar con qué telas coserá el Gobierno el nuevo “traje a medida” para Cataluña. Por algo el “diálogo” entre La Moncloa y el Govern se parece cada vez más al enlace entre dos clanes mafiosos: a cambio de un puñado de votos, el mocito Sánchez que cargaba en la oposición contra los perdones a políticos y defraudadores se ha convertido en el primer presidente democrático que ejecuta el autoindulto y aplaudiría la autoamnistía. El mismo Gobierno que ha convertido a cualquier cotizante en un potencial defraudador -ahí queda la presión a los asesores fiscales para delatar a sus clientes o el golpe a las herencias en vida- maniobra para desacreditar a la institución que batalla por recuperar los millones de euros desviados a las acciones independentistas ilegales. Entre tres causas contables, el Tribunal ya ha impuesto 14 millones de euros en multas y fianzas a medio centenar de integrantes de la troupé soberanista: 5,4 millones por la publicidad de la “ensoñación”, 4,1 millones por los gastos de la consulta del 1 de octubre y otros 5,2 millones por la del 9-N. ¿Y dónde está entonces ese Gobierno tan inflexible con el anónimo ciudadano que debe 100 euros a Hacienda? Lo resumió este martes la ministra Irene Montero al pedir la supresión de las causas de los líderes del “procés” y evitar “judicializar o convertir en un problema administrativo una cuestión política”. Quién se lo iba a decir a los emigrantes retornados después de diez años manifestándose por nuestras calles: para acabar con la vergonzosa persecución del Fisco, en lugar de reclamar la derogación de la Ley 35/2006 lo único que tenían que haber hecho era apuntarse a Òmnium Cultural.

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