El Estado no está para aventuras ni chorradas pero todavía es más doloroso constatar cómo cuando toma estos desvíos arrincona al empresariado. En el caso de Correos, la propia Comisión Europea le forzó a devolver 170 millones de lo percibido por prestar el Servicio Postal Universitario (SPU) debido a compensaciones y exenciones fiscales incompatibles con las normas comunitarias. La sombra evidente es cuánto de todo el dinero que recibe del Estado -1.500 millones en diez años- acaba sirviendo para financiar prácticas monopolísticas. Esto es lo que argumenta Unipost: tras quebrar en 2018, el operador postal privado exige una indemnización de 300 millones por comportamientos anticompetitivos que minaron su capacidad para “llevar a cabo su negocio de forma justa”. Y esto es también a lo que se enfrentan cada día las empresas de paquetería: Correos ya quiso financiar a través del SPU un proyecto de buzones en edificios para hacerles la competencia y en Ourense, por ejemplo, sigue gozando de ilegales privilegios fiscales pese a las continuas denuncias de este periódico, en un trato de favor convertido en una provocación contra el resto de ciudadanos.
El pozo sin fondo de Correos lo describió un informe brutal de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) al estimar en casi 1.300 millones las pérdidas entre 2019 y 2023. El esfuerzo de los trabajadores, sus descuentos a grandes clientes operando a pérdidas o mantener el monopolio de los envíos postales electorales -con la sombra de la doble financiación al rozar el SPU, como alertó la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC)- apenas maquillan la realidad: la Airef situó a la empresa postal española como la más ineficiente de sus homólogos de los países desarrollados y los informes del superregulador recogen el progresivo deterioro en el servicio. Pero ni siquiera este panorama empuja a los sucesivos gobiernos a nombrar a un presidente “profesional”: cinco de los últimos seis han estado vinculados directamente al PSOE o PP. Para seguir la racha, Pedro Sánchez puso ahí a su ex jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano. Sin experiencia al alto nivel ni hablar inglés, su gestión viene marcada por el autobombo, estrategias equivocadas, retorcer lo público y variados estropicios: desde paralizar el reparto de propaganda de Vox saltándose a la Junta Electoral Central a una campaña “antirracista” que salió mal y acabó en la prensa internacional. El sueldo está a su altura: 200.000 euros al año.
