Este 2020 todavía tiene margen para sorpresas y una de ellas se escondía en la página nueve del periódico de ayer. Resulta que un vacío legal deja en la práctica impune que un irresponsable pueda ir calzado a cazar jabalíes. Sí, la Lei de Caza aprobada en 2013 prohíbe empuñar un arma en el monte bajo la influencia del alcohol o las drogas. Pero no, esta normativa no dota de una tasa máxima ni tipifica sanciones, y tampoco concreta qué herramientas ni quiénes pueden hacer las pruebas a una persona que ande por el Xurés con síntomas de embriaguez y una escopeta al hombro. En la práctica todo sigue quedando reducido a la responsabilidad de cada cuadrilla y a la desesperación de los agentes forestales, que se confiesan desarmados. “Non podemos asegurar que a persoa estea a incumprir a lei; aínda que vaia bébeda como una cuba dirache ‘demóstrao’, e ti non podes”, resumía en la información el agente José Manuel Prendes.
Con esta Lei de Caza uno solo puede recordar Ley de Murphy y el “si algo puede salir mal saldrá mal” mientras recoge setas y escucha el eco de unos disparos. Y preguntarse cómo han podido pasar tantos años sin que Galicia solucione este peligroso limbo jurídico. En 2006 se aprobó en el Parlamento la modificación de la Lei de Caza de 1997 para señalar que se podría obligar a los cazadores a someterse al test si así fuese requerido pero siguió sin fijarse esos máximos. En 2013 la nueva ley fijó el veto pero no concretó nada y así llegamos al 2020, y a un monte de Castroverde hace unas semanas. En un control de documentación, agentes forestales se topan con un cazador ebrio. Sin alcoholímetro, tienen que llamar a la Guardia Civil. El hombre dio positivo pero la falta de la regulación, explican los expertos, empujará esa denuncia al abismo.
Esto no es una demonización de la caza. En absoluto. Pero una de las maneras de evitar los accidentes de tráfico fue poner controles de alcohol, hacer obligatorio el cinturón de seguridad y endurecer las multas. Y el ánimo no era prohibir los coches, criticar a los conductores responsables ni vetar el vino. Porque entre octubre y enero de cada año uno no puede simplemente confiar en el “sentidiño” de todos mientras va en bici por el bosque. Entre 2013 y 2018, según datos facilitados por Libera, solo se realizaron 8 controles de alcohol a un colectivo que agrupa a 40.000 personas con licencia en Galicia. Ellos mismos dicen ser conscientes de que hace falta reforzar garantías. “Obviamente, estamos a favor de que se fagan controles e avogamos porque a taxa de alcol para saír a cazar sexa 0,0”, explicaba en la misma pieza Antonio García Reinoso, de la delegación ourensana de la Federación Galega de Caza.
Vecinos, expertos, ecologistas y agentes forestales perfilan un escenario con demasiadas lagunas y aspectos todavía sin concretar en la convivencia de cazadores, no cazadores y medio ambiente. Con el recuerdo del incidente de Castroverde se lee ahora que Xunta y sector avanzan para fijar y garantizar el cero alcohol con la escopeta. Ya era hora. Pero para evitar cualquier otra resaca de la caza, recuerdan los implicados, urge avanzar a la vez en aspectos como las distancias de seguridad, los límites o las señalizaciones de los cotos. En juego estará también la pervivencia de la actividad y minimizar sus evidentes riesgos -para empezar, para sus propios colegas de afición-. Con datos facilitados por el Gobierno, Galicia sumaba 9 muertes y 47 heridos por disparos accidentales de caza solo en los primeros diez meses del año. La pregunta que queda en el aire es si alguno de estos incidentes se podría haber evitado con una mejor legislación y armonización de los usos del monte.
