Mientras la política capitalina cambia de temporada en Netflix, la gestión que está realizando el Gobierno de los fondos europeos es como volver a ver por décima vez a los “Friends” del PSOE y el PP en La Moncloa: evitan el diálogo con el resto de partidos, buscan sus propias rentabilidades, se justifican en expertos del régimen y después tratan de camuflar los recortes prometidos a Bruselas. Y por supuesto, escapan del meollo: abordar por el camino las reformas estructurales que reviertan la peligrosa pérdida de competitividad de España.
Este país encuentra a priori cierto consenso analítico para situar como principales problemas a la pandemia, la desindustrialización, un sistema fiscal que ahoga a empresas, autónomos y clases medias, el paro juvenil, las desigualdades, el ineficiente sector público, el desequilibrio territorial, la corrupción o el deterioro institucional. Quitando el covid, en el resto de heridas han jugado un papel clave las herencias del viejo bipartidismo y a lo mejor no es casualidad que ambos sean expertos en levantar cortinas de humo. Quizás por eso cualquiera que escuchase en el último mes a los miembros del Gobierno pensaría que el mayor desafío de España en 2021 es el fascismo y si escucha al PP, la defensa de la libertad ante los socialcomunistas. Hay mucho en esta polarización electoralmente interesada que lleva a cómo Sánchez forzó la inclusión de Abascal en el debate de abril del 2019 y antes a Rajoy compadreando con Iglesias. Esa línea argumental tiene el final en los berridos de Adriana Lastra gritando “No pasarán” en un mitin y empieza quince años atrás con la famosa ley de la Memoria Histórica de Zapatero.
Es curioso que la primera generación de dirigentes socialistas criados en democracia izase la bandera antifranquista que no habían querido desempolvar sus antecesores. Por eso, de deberes democráticos como localizar a los asesinados enterrados en cunetas o restablecer la figura de Manuel Azaña se ha ido derivando en un ajuste de cuentas retroactivo: la memoria histórica, un concepto con ecos estalinistas incluso superado ahora por la Comisión de la Verdad nace de una revisión que parece arrinconar a una parte de España a la vez que quiere blanquear la parte negra de la historia del propio PSOE. Esto se visualizó cuando la derecha usó esa misma ley para quitarle una calle a Largo Caballero, un “Lenin español” tan demócrata que tras laminar a Besteiro sovietizó la cúpula de un partido al que llegaban bases radicalizadas más próximas a la Revolución que a la República tras el intento de 1934 preparado, entre otros, por Prieto. Y pasando el “filtro” a las alianzas del sanchismo, es tan probado el pedigrí franquista de los fundadores de AP como que el PNV corrió a pactar con los nazis en 1940 y que a la alta burguesía catalana germen de CIU le fue estupendamente en la dictadura -como recordaba el martes Félix Ovejero en El Mundo-. Y para qué vamos hablar de los antecesores de Bildu.
