Con el nuevo año todos los policías del mundo, policías nacionales, locales y guardias civiles esperamos que el Gobierno se porte bien con nosotros para que podamos tener un mundo sin malos, violencia ni injusticia y nos gustaría que colaboraseis vosotros también un poco. Pero, ¿cómo? Pues no haciendo cosas malas e impidiendo que otros las hagan. Os deseamos una vida muy muy feliz. Gracias a todos.”
Con estas palabras comenzaba mi hija, de 7 años, el artículo de esta semana que solo había titulado y que me disponía a escribir minutos más tarde. Durante días, el tema de conversación en medios, cantinas y pasillos fue la investidura de Pedro Sánchez y la formación de gobierno. De esta saturación también han sido testigos los niños que tratan de emular a los mayores en expresiones y razonamientos. No sorprende la preocupación de una chiquilla de 7 años por la violencia y la justicia. Similar cavilación a la de los adultos. Y es que, sin seguridad o sin justicia el resto de los pilares del Estado de Bienestar no se sostienen.
Ello hace que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sea tan importante como garantes de derechos y libertades y que nuestros Cuerpos de Seguridad sigan siendo de las instituciones más valoradas por los ciudadanos. Para entender la importancia de la labor que desempeñan los profesionales de la Seguridad Pública en nuestro país solo es necesario observar la actuación de la Policía en cualquier otro país y compararla con el procedimiento y el trato esmerado de los agentes españoles a los ciudadanos.
Sin embargo, esa alta valoración de la soberanía popular no fue tenida en cuenta durante los últimos 30 años por los políticos que nos gobernaron, permitiendo una flagrante desigualdad salarial y material entre Policía Nacional y Guardia Civil con policías autonómicas. A raíz de 1 de octubre de 2017, medios de comunicación y partidos políticos se concienciaron también de la obligación de corregir esta irregularidad y fruto de las tensas negociaciones de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil con el Ministerio del Interior, el 12 de marzo de 2018 se firmó un acuerdo de equiparación salarial histórico, que cumpliendo sus 10 cláusulas alcanzará el objetivo perseguido. Además del tercer tramo del Acuerdo, correspondiente al año 2020, es indispensable realizar un nuevo estudio de externo por parte de la Consultora, sin interferencias externas e impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre FCS.
Los policías estaremos muy atentos a este nuevo tiempo y a las modificaciones legislativas que se produzcan, teniendo en cuenta que, si queremos que las leyes salvaguarden a los ciudadanos de bien, deben proteger primero a los escuderos de sus derechos y libertades.
