Opinión

Las PCR

Nunca antes los ciudadanos de a pie, sin relación con la sanidad, habíamos escuchado con tanta insistencia el término PCR o reacción en cadena de la polimerasa, un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando durante años, por parte de los laboratorios de microbiología de hospitales en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas. Estas pruebas son más complejas, más precisas, más sensibles y permiten detectar el coronavirus en las primeras fases de afectación respiratoria. Necesitan de personal especializado y entrenado. Su resultado puede tardar horas.

El avance de la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de aislar, en los primeros ciclos del contagio, a los ciudadanos infectados del resto. Para ello, es necesario facilitar las pruebas de detección a toda la población, de forma masiva, comenzando por aquellos colectivos de riesgo, tal como sanitarios o policías, y dentro de estos, aquellos que están más directamente expuestos a sufrir contagios por su relación directa con otros ciudadanos. En el caso de los policías nacionales, nuestra intervención se rige por un Plan de Actuación frente al COVID-19. Recoge algunas situaciones desde el punto de vista teórico pero el problema se genera cuanto hay que trasladar la literatura a la práctica, a la fase operativa, a una intervención en la calle. Los policías debemos conjugar seguridad, abordando la delincuencia habitual, con salubridad. Cuando se recibe un aviso o se observa una persona que ha cometido un hecho delictivo o se encuentra en predisposición de cometerlo, normalmente ese individuo no respeta la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias y su colaboración con las FCS no siempre se produce. Sucede lo propio con aquellos ciudadanos que incumplen de forma reiterada las medidas del estado de alarma y que ante el requerimiento de los agentes desobedecen, se resisten o incluso acometen contra la autoridad. Ese es el riesgo al que estamos expuestos los policías, que nos encontramos desempeñando nuestra labor con medios muy limitados tanto de protección como de desinfección y a quien el Gobierno de la nación no nos ha otorgado la consideración de personal de riesgo, lo que, a nivel nacional no nos da acceso a las pruebas de detección, salvo que la sintomatología sea compatible con un ingreso hospitalario. Es un error de bulto no hacer test de forma masiva a los ciudadanos, en especial a aquellos que están más expuestos en los distintos sectores profesionales.
En esta situación extraordinaria, la utilización de test rápidos, con un funcionamiento similar a los que se emplean para detectar un embarazo deberían tener un papel protagonista para aquellas personas asintomáticas que pudieran entrar en contacto con otros ciudadanos, propagando así de forma exponencial la enfermedad. Esta detección, que predice en 15 minutos un positivo nos brindaría la posibilidad de no ir a ciegas en los pasos que nos imponen, permitiendo la realización de las pruebas, incluso sin salir del propio domicilio y no saturando los servicios sanitarios y liberando profesionales y recursos en el Sistema Nacional de Salud, tan necesarios en la coyuntura actual.
Como en tantos otros ámbitos, aquí la prevención también es la solución. La diferencia es que en esta ocasión está en juego la vida de nuestros mayores, de las personas más vulnerables y la nuestra propia.

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