Opinión

Mi padre es…

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Mi padre es…

La situación sociopolítica del País Vasco, Navarra y Cataluña, en donde una parte muy relevante de la ciudadanía defiende la separación unilateral de esas comunidades autónomas del resto de España, quebrando los principios constitucionales y de convivencia, genera una hostilidad muy importante no sólo contra los funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado sino, específicamente, contra los que asumen la defensa legal de las instituciones y ejecutan las órdenes judiciales frente a ese proyecto secesionista.

En Cataluña, a raíz del 1-O y más recientemente tras la sentencia del “procés”, la tensión ha ido en aumento, provocando un alto nivel de hostilidad que se ha extendido al entorno personal de los policías nacionales, puesto que sus familiares se ven obligados a mantener en secreto la condición de agente de la autoridad de su marido, mujer, padre o madre para no verse sometidos a señalamiento, discriminación, insultos, vejaciones e incluso agresiones físicas. Esa clandestinidad impide realizar una vida normal, asentada en el entorno urbano en el que se trabaja, y provoca que los agentes traten de cambiar de plantilla en cuanto disponen del baremo necesario.

En los últimos años el número de efectivos destinados en plantillas de Policía Nacional en Cataluña, País Vasco y Navarra experimentó una pérdida del 15%. Esa movilidad y desarraigo laboral desemboca, a su vez, en un déficit permanente de agentes que impide a los allí destinados ejercer sus funciones con la seguridad y garantías debidas. En un plano externo, hay dificultades serias para conseguir la cooperación de otras instituciones en las gestiones diarias de las diferentes Unidades de las plantillas provinciales y locales.

Por otro lado, la carestía de vida en Cataluña y en Madrid es más alta que en otros territorios de España. A día de hoy siguen siendo las CCAA en donde más ha crecido el IPC en estos años, por encima de la media nacional. Los datos, por ejemplo, de la provincia de Barcelona son incluso más relevantes, con 20 puntos de subida desde que entró en vigor el actual Catálogo de Puestos de Trabajo. Sin olvidar su fiscalidad, puesto que el pago de tributos en Cataluña es más elevado que en el resto de España.

En el sector de alquiler de vivienda, esencial para los policías nacionales que llegan destinados a esas plantillas, en el quinquenio 2014-2019 se produjo un incremento del coste medio mensual por vivienda del 29,43%. Si el análisis se centra en la compra de vivienda nueva, el aumento del precio medio en ese mismo periodo fue del 27,85%.

Con todas estas problemáticas existentes, siendo cada vez más acuciantes, es necesario adoptar medidas das urgentes para que a los funcionarios policiales les interese ir destinados de forma voluntaria a la Comunidad Autónoma de Cataluña o Madrid.

La semana pasada se publicaba el borrador del concurso general de méritos para las escalas básicas, subinspección e inspectores de nuevo ingreso que traerá a las comisarías de Galicia, si las alegaciones sindicales no lo arreglan, 140 agentes antes del verano. No se entiende que convoquen para toda España un total de 2.643 plazas de policía cuando en el mes de junio jurarán el cargo 3.200 agentes, ni tampoco que oferten para la comunidad de Madrid 1.036 plazas cuando no se cubrirán ni el 20%. Las vacantes para Galicia son insuficientes y provocan que agentes gallegos que llevan 13, 14 o 15 años destinados fuera de nuestra comunidad tengan que seguir esperando para alcanzar su sueño, que no es otro que regresar a casa, sin adelantamientos sorpresivos.