No es necesario ir muy lejos para constatar un incremento de la delincuencia en los últimos meses. Las intervenciones policiales se están volviendo cada vez más complejas y las agresiones hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van en aumento. En 2020, los atentados contra agentes de la autoridad crecieron un 24% según los datos de Secretaría de Estado de Seguridad y en 2021 las cifras son todavía más alarmantes con 6.303 ataques entre enero y agosto, lo que supone unos 26 delitos al día contra la Policía. Esta desprotección legal e institucional provocó, a raíz de las agresiones contra Policías Nacionales ocurridas en el mes de octubre, que se convocasen concentraciones en todas las dependencias de España para reclamar un mayor respaldo en el desempeño de nuestras funciones.
Recientemente y a espaldas de los policías, los dos partidos del Gobierno han llegado a un acuerdo para derogar la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Un acuerdo que llega poco después de la salida del Congreso de un diputado de Unidas Podemos, cuya pérdida de acta fue consecuencia de la condena por agredir a un compañero de la Unidad de Intervención Policial. Este acuerdo llegaba también en pleno proceso de negociación, que ha culminado con su aprobación, de los Presupuestos Generales del Estado, utilizando a la Policía y a la Seguridad Ciudadana como moneda de cambio. Para combatir las formas y el fondo de esta reforma, se ha creado la Plataforma “No a la España insegura”, que aglutina a más de 40 sindicatos y asociaciones, la cual tratará de frenar o suavizar el atropello que suponen los términos de la nueva ley, que dinamitará definitivamente el principio de autoridad, transmitiendo el peligroso mensaje a la ciudadanía de impunidad de los delincuentes, allanando el camino a los terroristas urbanos y ejerciendo un cambio de rol entre la Policía y los violentos, perjudicando a los ciudadanos de bien.
Con esta reforma, los violentos camparán a sus anchas, sabiendo que la Policía tiene las manos atadas en sus procedimientos. Desgraciadamente, se reproducirán episodios como los vividos en Cataluña, con motivo de la "Operación Copérnico". Asistiremos, impasibles, a la resistencia estóica de los miembros de las FCS, recibiendo todo tipo de agresiones, a pesar de ello, tendrán orden de no actuar, de no emplear los medios a su alcance para evitar las cargas policiales, sabedores, los ordenantes, que tiene mucha menor repercusión una agresión a un Policía que la legítima defensa del agente. No dotar a los funcionarios policiales, en el ejercicio de sus funciones, de los medios y del respaldo necesario supone poner en riesgo su seguridad física y jurídica y también la de la ciudadanía. Esperemos que, por lo menos, convoquen cursos formativos para aprender a repeler el lanzamiento de adoquines con bolas de papel.
