En ambas facetas nuestro país está considerado como una potencia de primer orden a nivel mundial.
El siglo XXI bien podría denominarse el siglo de oro del deporte español. Desde los éxitos obtenidos en fútbol hasta el tenis, pasando por el ciclismo, la fórmula 1 o el piragüismo. Nuestros deportistas están a la vanguardia y la marca España suena con fuerza en las competiciones internacionales.
Por otro lado, disponemos de una Policía que cuenta igualmente con el reconocimiento fuera de nuestras fronteras y en la que ponen la mirada otros estados para tratar de emular la profesionalidad de los agentes españoles. Las Unidades de Intervención Policial, Guías Caninos, Medios Aéreos, Tedax, Subsuelo, Caballería, Servicios de Información o Unidades de Prevención y Reacción, entre otras, son la punta del iceberg al tener que desplegarse con motivo de acontecimientos deportivos de repercusión nacional e internacional. Nuestro país disfruta de unos niveles óptimos de seguridad que favorecen el turismo, la inversión y la confianza interna y externa, que hacen que cada uno de nosotros tenga la percepción de poder salir a la calle sin el riesgo de ser víctima de un hecho delictivo. España cuenta con seguridad objetiva y subjetiva. Es un país seguro en el cual la corrupción policial está reducida a la mínima expresión. Los ciudadanos confían y valoran la labor de su Policía.
Si enlazamos deporte y seguridad, nos encontramos con miles de policías que cada vez que se disputa un encuentro profesional se despliegan para garantizar la seguridad de jugadores, árbitros, directivos y aficionados, trabajando con los potenciales riesgos que filtran los servicios de Información. Dispositivos que responden a las distintas fases y que se inician muchas horas, o incluso días antes del inicio del partido. Hasta ahí todo correcto. La Policía presta un servicio de calidad que garantiza que un evento privado se desarrolle sin incidentes. Pero, ¿quién sufraga los gastos del dispositivo de seguridad? El dinero sale del erario, de todos nuestros bolsillos. Cada español está contribuyendo con sus impuestos a garantizar la seguridad en espectáculos privados. No es justo. Debemos afrontar este debate. El negocio de unos no puede lastrar las arcas públicas. Es de justicia que los clubes contribuyan proporcionalmente al pago de todo aquello derivado del desarrollo del dispositivo de seguridad, dinero que sin duda podría invertirse en mejorar las condiciones de todos los ciudadanos y en especial podría revertir en las condiciones de los propios policías, como reposición de los vehículos en mal estado, acondicionamiento de comisarías u otras infraestructuras, dotación de chalecos de protección individual a todos los agentes, adquisición de medios de defensa intermedia o recursos destinados a completar la falta de personal en los servicios más deficitarios.
