El debate viene de tiempo ha. Despedimos el año con opiniones enfrentadas sobre la distribución territorial municipal, para el tiempo y las circunstancias actuales. Que el ayuntamiento, desde una perspectiva sociopolítica, genera una identificación de sus habitantes con el territorio que lo conforma, y significa el nivel administrativo básico y de participación de los ciudadanos que mejor recoge sus preocupaciones, demandas y sensibilidades, es una incontestable realidad.
En la introducción de este debate, la primera pregunta es: ¿tiene que ver el municipio del siglo XXI con el del XIX, cuando de lo que hoy se trata es la consecución de un 'municipio sostenible', con capacidad de gestión y autonomía real de decisión, que sea una administración resolutiva a la que sus vecinos puedan pedir responsabilidades y exigir resultados? En el Dictum sarcástico de Marx aprendimos que la idea siempre hace el ridículo cuando es diferente al interés. Tomemos nota pues?
Como organizaciones suministradoras de servicios, los ayuntamientos asumen determinados gastos e ingresan, por diferentes conceptos, el capital necesario para sufragar la prestación. Asumen así un papel de entes funcionales que gestionan recursos aportados por la sociedad para prestar unos servicios de carácter colectivo. La cuestión es: ¿cuáles son los mínimos poblacionales que garantizan una prestación de servicios de interés general, según criterios de calidad, eficacia y eficiencia exigibles a una administración pública? La respuesta es compleja, ya que no todos los servicios tienen unas necesidades idénticas y, en consecuencia, los umbrales demográficos tampoco lo son; también las características territoriales hacen variar notablemente la variable población (sirva de ejemplo Ourense, donde la población dispersa hace que la prestación sea más cara). Además, los servicios públicos no pueden ser evaluados desde una perspectiva exclusivamente economicista (criterios como equidad y justicia social distorsionan un simple análisis coste-beneficio).
¿Alternativas?:
1) La reducción de municipios, mediante fusión o agregación a otros de mayor tamaño es una operación de compleja implementación, desde el punto de vista legal y administrativo (artículo 5 de la Carta Europea de Autonomía Local), como desde el punto de vista político. Y las posibles 'economías de escala' que genera la incorporación serían capitalizadas casi en exclusiva por el municipio mayor al que se agregue. Además, la fusión, más que resolver el problema de la dispersión, sólo la enmascara: cinco pequeños ayuntamientos de dos mil habitantes da como resultado uno de diez mil, sobre un territorio más grande.
2) Conseguir que los pequeños ayuntamientos superen las naturales limitaciones que impone el tamaño, se lograría por la vía de distinguir 'gobierno local' y 'administración local', que representan conceptos diferentes. El 'gobierno local'? alcaldes y concejales- es el órgano político de decisión del ayuntamiento; en tanto que la 'administración local' -funcionarios, medios financieros y materiales- es la herramienta de ejecución de las políticas que diseña el gobierno local. Lo costoso no es tener muchos gobiernos locales de pequeños municipios; sino que lo inviable, económicamente, es tener muchas administraciones locales pequeñas.
A partir de aquí, la cooperación y asistencia de las diputaciones, mediante fórmulas avanzadas, que van más allá de la asistencia técnica, sería una fórmula a considerar. Es ahora cuando los pequeños gobiernos locales pueden tomar decisiones políticas, sabiendo que no necesitan de una administración propia para ejecutar su decisión.
Fusiones o agregaciones de ayuntamientos de manera voluntaria, ¡por supuesto! Maquiavelo sostenía que el único dominio duradero es el voluntario. También es verdad que el que no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, ya que el mayor innovador es el tiempo (F. Bacon). No esperemos que decida o innove el tiempo, porque corremos el riesgo de que lleguemos tarde o ¡nos lo impongan!
