Hago esta pregunta en voz alta al leer el titular de La Región: “La CEO alegará una Ley estatal para que no se excluya el rural”. Y prosigue la información en el sentido de que la comisión de infraestructuras de la CEO, a la que asistió la Diputación de Ourense, planteará batalla ante el Gobierno central para que la Ley de Movilidad Sostenible no excluya las zonas rurales… Y me ratifico en el titular, al leer días después, también en La Región, que “Los más jóvenes del rural están instalados en la desesperanza”, según el informe presentado por Campo Vidal sobre la España despoblada. Una vez más se vuelve a incidir –¡mira que somos repetitivos!- en que “no podemos permitirnos que el 85% de la población resida en el 15% del territorio”.
“Que la España rural ha entrado en la agenda política y de los medios de comunicación” ¡es un hecho!, estimado Campo Vidal; y fuimos muchas las instituciones y personas que, con su insistencia, lo hicieron posible. Hace seis años apenas nada se hablaba de despoblación, España vacía y/o vaciada, etc. Y cuando en un artículo mencioné la falta generalizada de compromisos, incluyendo a los medios de comunicación, porque así se comentaba en reuniones de la subcomisión de la FEMP, hubo quien me lo reprochó; pero a base de insistir, a día de hoy podemos decir que se habla y escribe del problema por todas las partes. Aunque, sólo hablando y escribiendo no se arreglan las cosas y, si cuando vamos a disponer de recursos europeos –fondos Next Generation-, el Gobierno de turno entiende que hay que invertirlos pero “con criterios de planificación de rentabilidad positiva y cofinanciación que elimine las inversiones fuera de las ciudades”, pues estamos ante una puñalada trapera que deja al territorio rural a “velas vir…” Qué menos, digo yo, que la reorientación y flexibilización del reparto de los fondos Next Generation en la procura de la mayor equidad y equilibrio territorial cara a la obtención de mayores beneficios para las personas y avanzar a un plan de acción rural.
No sé a ustedes, pero a mí me resulta inentendible la decisión del Gobierno con este anteproyecto de ley que obvia sistemáticamente el rural, cuando llevamos años hablando, pidiendo y reivindicando el rural. Si en todos los foros económicos, empresariales, políticos, se airea que tenemos vacía, vaciada, despoblada… gran parte de la superficie de España, ¿cómo pone semejantes vetos el Gobierno de España? Semeja como que disponemos de una España real, que observa, diagnostica y da tratamientos, pero no tiene los recursos; y la España imaginaria del Gobierno que, disponiendo de los recursos económicos, le trae al pairo tratar el problema; si no es ahora ¿para cuándo lo deja? ¿Qué lado positivo es, ni farrapo de gaitas, que la España despoblada tenga presencia en la agenda política del Gobierno y haya creado una Secretaría de Estado de Reto Demográfico?, si vetamos recursos mediante ley, recursos que servirían para conectar y vertebrar el territorio, permitiendo un esfuerzo real contra el despoblamiento en proyectos presentados por la Xunta de Galicia, por ejemplo.
El 17 de enero de 2020, la Diputación de Ourense fue invitada para la asistencia en Gredos a la “Conferencia europea de Diputaciones, CCAA y Administración General del Estado para la repoblación rural y territorial”, y posterior firma del “Gran pacto por la innovación y emprendimiento para la repoblación rural y territorial”. En esta conferencia de rango supranacional se hablaba de vertebración del territorio, inversión en el rural, pero no había fondos; aunque, poco más tarde, la pandemia cambió el escenario económico con la concesión de los fondos europeos. Dicho lo cual, me parece importante hacerle entrar en razón al Gobierno, alegando -como pretenden hacer CEO y Xunta- para que la Ley de Movilidad Sostenible no excluya a las zonas rurales. Alegar: 1) Al condicionamiento de las obras de infraestructuras del transporte ferroviario y de carretera a estudios de rentabilidad socioambiental, económica y financiera. 2) Que deba existir un “resultado positivo de rentabilidad para su ejecución” (artículos 50, 51 y 52), que supone en la práctica renunciar a más de la mitad de las autovías planificadas, e implica el abandono del rural. Si no van adelante estas alegaciones, ¿de qué nos vale el haber creado una Secretaría de Estado para el Reto Demográfico…?
